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Identifican nuevo CCD en Floresta

LA CASA ESTA EN LA MISMA MANZANA QUE AUTOMOTORES ORLETTI

El juez federal Daniel Rafecas identificó un inmueble que funcionó como centro clandestino de detención en la última dictadura militar en el barrio porteño de Floresta y dispuso la «prohibición de innovar» para que no sufra alteraciones, además de ordenar un registro fílmico y fotográfico del sótano del lugar. «Hicimos un descubrimiento importante para avanzar en las investigaciones. Veníamos con muchos testimonios que nos indicaban que existió un centro clandestino de detención que dependía de la SIDE y que estaba muy cerca de Automotores Orletti, otro lugar de reclusión por el cual hubo un juicio que terminó con más de doce condenados. Pero hasta el momento no podíamos descubrir dónde se encontraba», sostuvo Rafecas.
La vivienda es actualmente una casa de familia y está ubicada en la misma manzana en la que funcionó el centro clandestino de detención «Automotores Orletti», informaron fuentes judiciales. En el lugar hay un pequeño sótano en el cual habrían sido alojadas personas secuestradas, según testimonios brindados en la causa penal.

Documentos desclasificados.
Según la pesquisa, en la casa ubicada en Bacacay 3570 habría funcionado un centro clandestino de detención dependiente de la exsecretaría de Inteligencia del Estado en la dictadura, al mando del fallecido general del Ejército Otto Paladino. La investigación es parte de la megacausa por violaciones a los derechos humanos cometidos en el ámbito del Primer Cuerpo del Ejército, vinculada a delitos de lesa humanidad en el centro de detención «Automotores Orletti» en Floresta.
El centro clandestino de la calle Bacacay habría funcionado con anterioridad o en simultáneo a «Orletti» y el dato de su existencia surgió por testimonios de sobrevivientes que hasta el momento no habían podido precisar su ubicación exacta. Pero el juzgado recibió documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos sobre la dictadura en Argentina y allí se hizo mención precisa al domicilio ahora identificado. El inmueble habría sido alquilado por la SIDE hasta 1977, cuando se vendió.
Los testimonios en la causa indican que las víctimas «eran introducidas encapuchadas y sometidas a torturas con picana en una habitación acondicionada para ello», explicaron fuentes del caso. Además, «no se descarta que este sitio haya servido también para las operaciones del llamado ‘Plan Cóndor’, no sólo por su vinculación con ‘Automotores Orletti’ sino porque el relato de una de las víctimas da cuenta de que allí se alojaban detenidos uruguayos», se agregó.

«El Jardín».
En la causa hay declaraciones de dos víctimas, realizadas en forma remota durante el período de aislamiento, que describieron el inmueble de manera coincidente. Fuentes de la Secretaría de Derechos Humanos contaron que desde hace dos años se maneja información con respecto a la existencia de este lugar, que varios represores de Orletti habían aludido como «El Jardín» o «La Cueva».
La primera información sobre ese centro que funcionó como parte de la estructura represiva que se centraba en Orletti la dio la sobreviviente Mercedes Naveiro -ya fallecida-, quien confirmó que estuvo en una casa con «dos cocinas». Con esos datos, el juzgado a cargo de Rafecas inició una investigación y dio con María Ester Poggi, quien junto a su esposo compró esta vivienda en 1977 y al hacer reformas descubrieron que había un sótano en ese lugar.
Naviero hizo un croquis de la vivienda, brindó detalles de su ubicación en el barrio de Floresta y esos datos coincidieron con la información que apostaron dos sobrevivientes que pasaron por ese centro clandestino. Se trata de Emma Lebozec y Ana Larrea de Jaroslavsky -residente en París-, quienes realizaron en mayo pasado una descripción por videoconferencia que conformaba los datos del inmueble que tenían en el juzgado. (Télam)

Se reanudó juicio
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca reanudó ayer el juicio en que investiga a cuatro personas, acusadas de un asesinato y de integrar la organización parapolicial Triple A durante la década del 70 en esa ciudad. Las jornadas se realizarán en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (UNS). A partir de la novedad, la querella y familiares pidieron al Tribunal la postergación del debate para garantizar la transmisión del acto, ante lo cual voceros consultados indicaron que «se decidió continuar con la audiencia, que será grabada y posteriormente difundida en el canal de Youtube de la Universidad». En tanto, el Tribunal había dispuesto que el debate se realice «a puertas cerradas y con distanciamiento social entre los presentes». La causa 165/2003 está caratulada como «Aceituno Raúl Roberto y otros sobre asociación ilícita y homicidio agravado por el concurso de dos o más personas de quien fuera víctima Cilleruelo David Hover».