Imputaron a Stanley y a Rubinstein

El ajuste del Gobierno nacional en salud complica judicialmente a sus funcionarios. El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó a la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley y al secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, por violar la sentencia firme del Juzgado Federal de La Plata N° 2, en donde se hizo lugar a la acción colectiva para que el gobierno cumpla con la vacunación contra la bacteria del meningococo. Marijuan tomó la decisión y ordenó numerosas medidas de prueba en la causa que se inició con la denuncia contra Stanley y Rubinstein radicada por el diputado nacional Rodolfo Tailhade junto a la asociación civil Abogados por la Justicia Social La Plata Berisso y Ensenada, por la suspensión de la aplicación de la vacuna contra el meningococo a los niños y niñas de 11 años de edad. Y que se tramita en el Juzgado Criminal y correccional Federal N° 1.
En agosto de 2018, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social comunicó que "con respecto a la vacuna antimeningocóica, se acordó la estrategia de priorizar a los grupos más vulnerables de 3, 5 y 15 meses de vida y posponer la dosis de los 11 años hasta contar con la disponibilidad necesaria". Los funcionarios la excluyeron del Calendario Nacional de Vacunación establecido por la ley 22909. Una situación que desató el reclamo y la presentación de amparo colectivo, que concedió el Juzgado Federal de La Plata N° 2 y que quedó firme, pero el Ministerio se negó a cumplir.

Recortes alarmantes.
El lunes, el matutino porteño Página 12 reveló que un informe oficial entregado en la Cámara de Diputados donde el gobierno de Cambiemos admitió que el Estado viene adquiriendo cada vez menos vacunas. El vicepresidente de la comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara baja, Pablo Yedlin, dio cuenta de la gravedad del informe presentado por Rubinstein. "Confirma nuestra mayor preocupación: se compraron menos vacunas de las necesarias para alcanzar las coberturas planificadas", denunció Yedlin.
Para el diputado tucumano, algunos de los recortes verificados son "alarmantes, como los de la vacuna para la Hepatitis A, para la cual en 2016 se adquirieron 880.000 dosis, y en 2018 sólo 401.000".

San Luis.
En tanto, el diputado nacional por San Luis, Andrés Vallone (Unidad Justicialista), pidió ayer una "urgente" respuesta a las autoridades nacionales de salud sobre la falta de algunas vacunas en esa provincia. El legislador consideró como "alarmante" la falta de algunas vacunas en su provincia y pidió a Stanley, que explique "cómo se cumplirá con el indispensable plan preventivo obligatorio". El diputado dijo que el Estado debe garantizar el derecho a la salud de la población e indicó que en la creciente "pobreza y vulnerabilidad" de los sectores con menos recursos las vacunas son indispensables para evitar nuevos casos de enfermedades que habían sido controladas y volvieron a aparecer, como el sarampión. (Página12 /Télam)