Imputaron a Fernando Niembro y a su ex socio Atilio Meza

POR LAVADO DE ACTIVOS EN CAUSA POR CONTRATOS CON LA CIUDAD

El juez Federal Sebastián Casanello ordenó ayer dar curso a las medidas de prueba sugeridas por el titular de la fiscalía criminal y correccional federal 7, Ramiro González, quien imputó ayer a Fernando Niembro y al que era su socio en La Usina Producciones SRL, Atilio Meza, por presunto lavado de activos de origen ilícito por una suma cercana a los 20 millones de pesos.
Según informaron fuentes judiciales, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó varias medidas de prueba para profundizar la investigación, como la solicitud de información a la AFIP y al Banco Central, así como también a otros organismos públicos nacionales.
A la vez, requirió al ente recaudador de la provincia de Buenos Aires, ARBA, información sobre la deuda que “La Usina Producciones” registraría ante esa agencia, y a los Hipódromos de Palermo, San Isidro y La Plata, que informen si los imputados son titulares registrales de studs o boxes.
La causa quedó radicada en el juzgado federal 7, a cargo de Sebastián Casanello, bajo los autos “Rodríguez Larreta y otros s/ abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”, dado que fueron denunciados los titulares de los ministerios que contrataron a la empresa de Niembro.

Involucrados.
La denuncia involucra, además del jefe de Gabinete porteño, a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley; a la ministra de Salud porteña, Gabriela Mabel Reybaud; y al secretario de Comunicación Social, Facundo Gaytán, por “incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la administración pública y administración infiel”.
De las arcas de la jefatura de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, conducida por Larreta, y del ministerio de Ambiente y Espacio Público, a cargo de Diego Santilli hasta diciembre del 2013, salieron más del 75 por ciento de los fondos públicos con los que fue beneficiada la productora de Niembro.
La jefatura de gabinete de ministros porteños contrató, bajo el concepto de “Servicios Publicidad”, a la empresa de Niembro y Meza por un total de 8.068.118 pesos; todos contratos cursados mediante la Secretaria de Comunicación Social, a cargo de Gaytán.
La cartera de Ambiente y Espacio Público contrató a la empresa de los ex candidatos de Cambiemos por 8.807.353 pesos.

Procelac.
La denuncia por lavado había sido formulada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), con firma del fiscal general Carlos Gonella, en base a la existencia de contratos entre La Usina Producciones SRL y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por alrededor de 20 millones de pesos.
Según consta en la denuncia, a través de estos contratos realizados “usando la excepción como regla, se habría beneficiado económicamente, e ilegalmente, a Fernando Niembro y a Atilio Alberto Meza”, durante el periodo comprendido entre el 2012 y 2015.
“Se transformó la excepción en la regla”, coincidió González en su resolución, al hacer referencia a que para la adjudicación se utilizaron ciertos mecanismos excepcionales tales como la contratación directa y/o el régimen establecido por el Decreto 556/2010, en vez de la regla, que es la licitación.

Lavado.
La Procuraduría consideró la posibilidad del lavado de activos a partir de una serie de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) remitidos por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Unidad de Información Financiera (UIF).
El fiscal federal indicó que la Procelac había señalado como irregularidades más notorias la adjudicación de contratos a favor de La Usina entre las que figuraban las 164 contrataciones adjudicadas por el gobierno porteño a favor de la productora por un total de 19.473.878,80 de pesos.
Al mismo tiempo, la legisladora porteña Gabriela Cerruti informó ayer que La Usina no estaba inscripta en el Registro Público de Agencias de Publicidad y Productoras Publicitarias, tal como lo establece la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para quienes comercializan espacios en los servicios de radiodifusión, tal como la firma lo hizo ante el Gobierno porteño como productora para vender publicidad a la cadena Fox. (Télam)