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Investigan abuso de autoridad

BONAERENSE: PROCESAN A EX TITULAR DE ASUNTOS INTERNOS

El ex titular de Asuntos Internos de la Policía bonaerense, Guillermo Berra, fue procesado en una causa que lo investiga por la presunta utilización de fondos públicos para obtener «información y almacenar datos» de personas que no tenían que ver con su actuación en la fuerza policial, informaron fuentes judiciales.
Berra fue procesado por la fiscal Cecilia Corfield, titular de la unidad Funcional de Instrucción (UFI) 15 de La Plata, quien lo citó a indagatoria para el próximo 29 de junio a las 10, acusado del delito de «abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado».
En su resolución, la fiscal también procesó a María Rosario Sardiña, pareja de Berra y en ese momento auditoria Sumarial Especializada en Investigaciones Patrimoniales de la policía provincial.
En su escrito, la fiscal Corfield consideró que Berra y Sardiña obtuvieron «información y almacenaron datos sobre personas físicas y jurídicas que nada tienen que ver con la esfera de contralor administrativo de la fuerza de seguridad provincial».
«Y que para llevar adelante las tareas de investigación, recopilación y almacenamiento de información tanto pública como privada, hicieron uso de servicios pagos por la administración pública provincial, en algunos casos en provecho propio, y en otro de terceros que aún no han sido identificados», según consignó en el escrito en el que los citó a indagatoria.
La investigación contra Berra surgió a raíz de una denuncia presentada por Néstor Omar Martín, ex jefe de la Superintendencia de Coordinación Operativa de la policía bonaerense.
Martín acusó a Berra y a Sardiña de abuso de autoridad, ya que -según su denuncia- merced a su cargo obtuvieron información de él y su grupo familiar, mediante inteligencia y sin intervención judicial alguna.
Martín dejó su cargo en 2016, luego de ser denunciado por la Auditoría de Asuntos Internos por irregularidades en su declaración jurada, en la que constaba que poseía siete propiedades, dos millones de pesos y un helicóptero experimental de 400.000 pesos, lo que no podría haber adquirido con su sueldo mensual de 48.000 pesos.

Denuncia e investigación.
En su denuncia, Martín acusó a Berra de «poner en marcha un plan sistemático de persecución y hostigamiento respecto de diversos funcionarios policiales que ejercieron altos cargos durante la administración del gobierno anterior».
Según la fuente judicial consultada, el ex comisario sostuvo también que «esas maniobras fueron acompañadas de la divulgación a través de medios de comunicación masiva de información falsa, en la que a partir de la investigación administrativa se lo sindicó» como el «comisario más rico de la Bonaerense».
A partir de esa denuncia, Corfield allanó el año pasado las oficinas de la Auditoría de Asuntos Internos en La Plata, donde secuestró documentación y archivos informáticos que, tras su análisis, determinaron el procesamiento de Berra y Sardina.
Según la fiscal, las presuntas maniobras ilícitas realizadas por los imputados se llevaron a cabo «entre 2016 y 2019».
En el escrito, consignó que «la lista de personas físicas y jurídicas investigadas es extensa y va desde el Poder Judicial, el Ministerio de Seguridad Provincial, la Policía Federal Argentina, la Cámara de Diputados y el Senado, la AFIP, la Dirección de Cultura y Educación y varios municipios bonaerenses».
En cuanto a las personas físicas detalló que figuraban Marcelo Rochetti, en ese entonces jefe de Gabinete del ministro de Seguridad Cristian Ritondo; el ex juez platense César Melazo; los intendentes de Berazategui, Juan Patricio Mussi y de José C Paz, Mario Ishi; y el entonces diputado nacional, Fernando Espinoza y uno de sus hijos, entre otros.
La fiscal consideró además que para llevar adelante las tares de investigación, recopilación y almacenamiento de información pública como privada «hicieron uso de servicios pagos por la administración pública provincial en beneficio propio o de terceros que aún no han sido identificados».
Entre ellos, la fiscal citó el uso de vehículos oficiales y las claves de acceso pagas por el Ministerio de Seguridad provincial para acceder a datos personales y confidenciales. (Télam)