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Jorge Di Lello imputó a Dante Sica

EL EX MINISTRO ES SOSPECHADO DE ENTREGAR BONOS CON FINES CLIENTELARES

El ex ministro de Producción y Empleo, Dante Sica, el ex secretario de Empleo, Fernando Premoli, y el diputado Ricardo Buryaile, junto con otros cinco funcionarios, fueron imputados por el fiscal Jorge Di Lello en la causa donde se investiga la creación y entrega de un subsidio para desocupados con fines clientelares. Fue en los días previos a las elecciones del 27 de octubre, en la búsqueda desesperada de votos por parte del macrismo.
El bono en cuestión, de 5000 pesos, fue establecido a través de la resolución 1177 de la secretaría de Empleo y nunca fue publicado en el Boletín Oficial. El Gobierno de Mauricio Macri lo ofrecía a través de punteros y dirigentes propios en diversos municipios. Una denuncia adicional reveló que más de la mitad de los fiscales electorales de Juntos por el Cambio en Formosa cobraron el subsidio.
El bono estuvo destinado a 130.000 personas. Se empezó a pagar en las semanas previas a las elecciones presidenciales. Primero se abonaron 80.000 pero a raíz de una denuncia del Frente de Todos, basada en la investigación del periodista de Ambito Financiero Mariano Martín, la jueza María Servini dictó una medida cautelar que impidió su reparto hasta después de los comicios. Tanto ella como el fiscal Di Lello advirtieron sobre la violación a la veda electoral y sobre el uso para direccionar el voto de personas en situación de vulnerabilidad afectadas por la falta de empleo.
A eso sumaban la utilización de la estructura del Ministerio de la Producción para la maniobra. Después del 27 de octubre, el gobierno de Macri pagó los 50.000 subsidios restantes.

Investigación.
Como la medida cautelar fue solo preventiva y quedó pendiente la cuestión de fondo, Di Lello especificó en un dictamen su decisión de impulsar una investigación para determinar si se violó el artículo 139 del Código Electoral, que establece castigar con penas de 1 a 3 años de prisión a quien «compeliere a un elector a votar de determinada manera». El otro punto es la violación de la veda electoral (artículo 64 ter). A la denuncia original del Frente de Todos, representado por Jorge Landau y Gerónimo Ustarroz, se sumó otra proveniente de Formosa.
El abogado Williams Caraballo añadió otro condimento a la maniobra conocida inicialmente de atracción de votos por medio de punteros: advirtió que casi un 54 por ciento del total de las mesas (que eran 1404) tenía fiscales de Juntos por el Cambio que habían resultado beneficiarios del bono. Caraballo apuntó no sólo a Sica y a Prémoli, sino al delegado de la Agencia Territorial Formosa de la Secretaría de Trabajo, al concejal municipal de Formosa Miguel Montoya, y el diputado Buryaile (estos últimos como posibles gestores del pago de los subsidios).
Eso explica que todos esos nombres aparezcan entre las imputaciones señaladas en el dictamen de Di Lello, a los que se suma Irina Zárate, delegada del Ministerio de Desarrollo Social en Formosa, Diego Herrera, delegado de Anses, de San Antonio de Areco el intendente Ratto y de Roque Pérez el candidato Juan María Cravero. Ratto, por ejemplo, había reconocido públicamente el uso de los bonos, como un pedido de autoridades al que accedió saliendo a «buscar beneficiarios». En Roque Pérez el subsidio se ofrecía en la página de Facebook de Juntos por el Cambio.

Declaraciones.
Entre las primeras medidas que propone Di Lello, sugiere citar a declaración testimonial a Durañona (Areco), Nardini (Malvinas Argentinas) y Gasparini (Roque Pérez). Para esto tuvo en cuenta el relato del periodista Martín, sobre la captación de votos en los municipios. También solicita corroborar quiénes fueron fiscales de la alianza Juntos por el Cambio en las PASO en Formosa y quiénes en las elecciones generales, más todas las que Servini considere necesarias.
El Frente de Todos también había pedido que se investigara la utilización de los bonos para el pago de autoridades de mesa, como método para buscar resultados favorables. (Página12.com)