«La Ciudad omitió adoptar medidas»

El Gobierno nacional declaró el martes que ha sido elegido democráticamente «para adoptar las medidas que considera pertinentes para proteger la salud pública» y lamentó que la Corte Suprema de Justicia haya sostenido, «con inusitado rigor formal», que las autoridades se basaron en «consideraciones meramente conjeturales con insuficiente fundamentación» para suspender las clases presenciales en CABA.
En un extenso comunicado detalló las acciones desarrolladas desde el inicio de la pandemia, el Gobierno respondió al fallo del máximo tribunal y expresó que «resulta contra fáctico y no puede verificarse qué hubiera sucedido si el Gobierno Nacional no hubiera adoptado medidas a tiempo, ante la pasividad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires».

Comunicado.
Ante el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Gobierno Nacional emitió un comunicado donde expresó que «la pandemia de Covid-19 ya ha cobrado, en el mundo, más de 3,22 millones de muertes y se han registrado más de 154 millones de contagios. En la Argentina hay más de 3 millones de casos y debemos lamentar la muerte de más de 64.800 personas». A su vez, señaló que, en el marco de excepcionalidad, desde el 2020 se tomaron «medidas imprescindibles para fortalecer el sistema sanitario y prepararlo para enfrentar la pandemia». También ha debido tomar «medidas urgentes, extendidas y anticipatorias para contener y mitigar los contagios a fin de evitar la saturación del sistema de salud».
En esa línea, afirmaron que también se adoptaron medidas de contención económica y social. «Como si no estuviese en riesgo la salud pública y los derechos subjetivos que de ella derivan, como la vida, la Corte Suprema ha sostenido que, al suspender por quince días las clases presenciales en el conglomerado urbano del AMBA, el Gobierno Nacional se habría basado en ‘consideraciones meramente conjeturales’ con insuficiente fundamentación», explicaron.
Ante esto, indicaron que «es un deber y un objetivo central de este Gobierno garantizar el derecho constitucional a la educación; y sabemos, sin ninguna duda, que este derecho se ejerce con mayor plenitud cuando se desarrolla en la modalidad presencial con docentes, niños, niñas y adolescentes en las aulas». Sin embargo, al dictarse el DNU cuestionado el AMBA «exhibía un crecimiento exponencial de contagios mayor al que presentaba el resto del país y el sistema de salud se hallaba fuertemente tensionado, con peligro de saturación».

Omisión de CABA.
Desde Nación remarcaron que las jurisdicciones estaban facultadas a adoptar medidas para frenar los contagios, pero «la Ciudad de Buenos Aires omitió adoptar medidas en ese sentido y el crecimiento de casos en el AMBA generó una situación de alarma epidemiológica y sanitaria que podía llevar, en poco tiempo, a la saturación del sistema de salud».
Por otro lado, recordaron que la actual gestión fue elegida democráticamente por el voto, en el marco de un Estado de Derecho, «para adoptar las medidas que considera pertinentes para proteger la salud pública y la vida de las personas». Finalmente, explicaron que «la sentencia de la Corte Suprema de Justicia no resolvió un caso particular y concreto, sino que realiza consideraciones indicativas, toda vez que ya no se encuentra vigente el DNU cuestionado. El mismo tribunal admite, como ya lo había hecho en la Acordada 6/2020, que el Poder Judicial no cuenta con los instrumentos necesarios para evaluar la idoneidad de los indicadores sanitarios y epidemiológicos y, por lo tanto, las medidas aptas para contener los contagios.

Fallo.
La Corte Suprema de Justicia falló a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) y avaló su «autonomía» en la demanda contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU 241/2021) que, como una de las medidas sanitarias para mitigar la propagación de la segunda ola de coronavirus, determinó la suspensión de clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En su resolución el máximo tribunal concluyó que el artículo 2 del DNU 241/21 «violó la autonomía de la ciudad», al hacer referencia a esa norma, cuya aplicación finalizó el 30 de abril.
«Corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -al igual que a las provincias- la atribución para decidir sobre los modos de promover y asegurar la educación de sus habitantes», consignó el fallo firmado en forma unánime pero con distintos argumentos. (Télam)