La justicia postergó desalojo

La justicia penal de La Plata postergó el miércoles hasta al menos mediados de octubre el desalojo de las tierras ocupadas en la localidad bonaerense de Guernica (partido de Presidente Perón), que estaba previsto para hoy, al aceptar un pedido en ese sentido formulado por el gobierno provincial, informó una fuente tribunalicia.
La medida la adoptó el Juez de Garantías de La Plata con asiento la ciudad de Cañuelas, Martín Rizzo, quien dispuso que el desalojo deberá realizarse el 15 de octubre o supletoriamente los días 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 o 30 de octubre.
De esta forma, el magistrado hizo lugar al pedido formulado ayer por el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, de postergar hasta al menos el 14 de octubre el desalojo que estaba previsto.
Rizzo adoptó la medida luego de una audiencia virtual que mantuvo por más de tres horas con los integrantes de la comisión interministerial del Ejecutivo Provincial, conformada por los ministros de Desarrollo de la Comunidad; Justicia y Derechos Humanos y Mujeres, Políticas de Género, y Diversidad Sexual, entre otros, quienes le plantearon los avances que llevan adelante para relocalizar a las familias que ocupan esas tierras.
De acuerdo con la resolución, Rizzo consignó que «entiendo que a partir de lo hasta aquí actuado, y sin que ello implique ir hacía atrás sino por el contrario un paso hacía adelante en la solución del conflicto planteado, que corresponde hacer lugar a la prórroga requerida hasta el día 14 de octubre del corriente año».
El magistrado hizo mención que la misma Cámara, cuando avaló su orden de desalojo de la tierras, «aconsejó que deben agotarse todas las instancias previas al desalojo forzoso para encontrar una salida pacífica».
Agregó que «los registros positivos documentados dan cuenta este norte y a su vez justifican el otorgamiento de la prórroga requerida, desde que advierto a su vez la voluntad, a partir de las intervenciones dadas, de arribarse a una solución integral y pacífica de la situación presentada».
«Debo señalar que el plan de contingencia puesto en marcha (por el gobierno provincial) viene arrojando resultados positivos en relación no sólo al abandono voluntario de los ocupantes de los predios motivo de litigio, sino a su vez de las necesidades de aquellas personas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad», destacó.
El magistrado tuvo en cuenta también que en la audiencia los representantes del gobierno le comunicaron que «lograron el compromiso de 208 familias de abandonar el predio de forma voluntaria, arriesgando que en el día de la fecha podrían llegar a 300».

Propuesta.
El Gobierno bonaerense trabaja desde hace días con el objetivo de que los ocupantes firmen un acta en la que se comprometen a abandonar el lugar a cambio de recibir una respuesta de las autoridades a su problema habitacional.
Para ello, realizó un censo con el objetivo de tomar conocimiento de la real situación en el predio, en el que el 90% de las personas que lo ocupan son desempleados que no podían enfrentar un alquiler, en tanto que medio centenar son mujeres que padecen violencia de género.
La idea es ubicar a los ocupantes -que se encuentran instalados en precarias casillas armadas con maderas y cercadas en parcelas delimitadas con alambres o cintas- en los mismos distritos de los que provienen, aunque la mayoría, al tomar contacto con los funcionarios, declaró domicilio en el partido de Presidente Perón y no tener un empleo fijo, «salvo esporádicas changas».
Debido a que no hay una cantidad de personas fijas en cada construcción, el censo no pudo determinar un número total de ocupantes del predio. Los números arrojaron que hay 1.309 familias con niños, niñas o adolescentes, 307 personas adultas solas y 288 casos restantes que corresponden a otro tipo de constitución. (Télam)