La justicia rechaza el DNU de Macri

El presidente Mauricio Macri creó ayer por un decreto de necesidad y urgencia (DNU) la Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados, un ente autárquico que deberá resguardar la seguridad de los llamados "arrepentidos" en causas judiciales, pero jueces de la Cámara de Casación Penal rechazaron su aplicación. A 11 días de dejar el Gobierno, Macri y su Gabinete de ministros firmaron el DNU 795/19, que se publicó ayer en el Boletín Oficial y que establece la creación de esa Agencia bajo la órbita del Ministerio de Justicia, pero con autonomía funcional.
Según el decreto, el objetivo de esta Agencia será garantizar la seguridad de las personas que colaboren "de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal", para lo que deberá tomar "medidas especiales de protección", como el cambio de domicilio o la custodia personal. Uno de los argumentos del decreto para elevar al rango de Agencia lo que hasta ahora era un "Programa de Protección de Testigos", es "la incorporación de personas que brindaron información en investigaciones judiciales vinculadas a delitos que se habrían cometido en el ejercicio de la función pública".
Además, el DNU dispone la creación de un Consejo Consultivo encabezado por el presidente de la Cámara de Casación Penal e integrado por la Procuración General de la Nación, que deberá elaborar la propuesta para la designación del director de la Agencia. El Gobierno tenía previsto en un principio traspasar el Programa de Protección de Testigos al Poder Judicial y al no prosperar esa iniciativa intentó pasársela a la Cámara de Casación Penal, nuevamente sin éxito, por lo que optó por la creación de un ente autárquico.

Rechazo.
Cinco integrantes de la Cámara de Casación le enviaron este mismo viernes una carta al presidente del tribunal, Carlos Mahiques, señalándole que debe rechazarse el Decreto de Necesidad y Urgencia. Los magistrados Alejandro Slokar, Ana María Figueroa, Angela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Javier Carbajo sostienen que el Poder Ejecutivo no puede arrogarse facultades del Poder Legislativo cuando no hay necesidad ni urgencia y consideran que el DNU "invoca circunstancias manifiestamente inexistentes".
También dicen los camaristas que la cuestión debe tratarse en los plazos que corresponden en el Congreso y agregan que la Constitución no permite DNU que aborden cuestiones que tienen que ver con lo penal.

Corte Suprema.
Por lo que se sabe, también la Corte Suprema está en contra de la norma publicada ayer. En ese marco parece poco probable que el DNU se llegue a aplicar, con gran parte de la conducción penal en contra.
En el decreto se le adjudica a la Cámara de Casación un papel de importancia en el manejo de los arrepentidos. Será difícil seguir adelante si los jueces de la Casación se oponen. Lo más llamativo es que en la Casa Rosada y en el Ministerio de Justicia ya sabían que la estructura judicial no acompañaba el proceso. Aún así, desesperadamente, sacaron el DNU. (NA/Página12.com)