Monja, a Junta médica

El fiscal federal Federico Delgado pidió convocar una junta médica para resolver si la hermana Alba, la religiosa de 95 años del monasterio de General Rodríguez donde José López intentó esconder casi 9 millones de dólares, está en condiciones de soportar una causa penal en su contra por encubrimiento del ex secretario de Obras Públicas kirchnerista.
El planteo fue hecho al juez federal Daniel Rafecas ante "la ambigüedad de los informes médicos y la trascendencia del alcance de la medida", en caso de resolverse la inimputabilidad de Alba Díaz de España Martínez Fernández.
Rafecas debe resolver si suspende la causa contra la religiosa por su estado de salud, luego de que testimonios y evidencias la ubicaran en el centro de la escena de la madrugada del 14 de junio pasado, cuando López llegó al lugar para esconder bolsos con 9 millones de dólares y fue detenido.
Delgado pidió "a la mayor brevedad posible ordenar al decano del Cuerpo Médico Forense la realización de una junta médica para su análisis integral".

Galera.
Por otra parte, el constructor y contador Andrés Galera negó ayer haber sido testaferro del detenido ex secretario de Obras Públicas José López y afirmó que compró el terreno con una casa en ruinas en Dique Luján que fue refaccionada y que alquiló el ex funcionario.
Galera fue indagado por el juez federal Daniel Rafecas, presentó un escrito, no respondió preguntas, pidió ser sobreseído y su defensor Maximiliano Rusconi reclamó que se declare nula la citación al empresario por no estar claro el delito del que se lo acusa, explicaron fuentes judiciales.
En el escrito, Galera negó haber "disimulado" el enriquecimiento ilícito de López y dijo que el ex funcionario siempre quiso comprar la propiedad que rentaba.
"No he sido una persona interpuesta o que se ha prestado a disimular el incremento patrimonial de López, ni de ninguna otra persona", aseguró Galera en el escrito.

Casa.
El empresario detalló que adquirió la propiedad el 22 de mayo de 2008 y la vendió el 19 de mayo de 2010 a otro indagado en el caso, Eduardo Gutiérrez.
Al comprar la propiedad, "se decidió la realización de un proyecto de reformas a los efectos de revalorizar y poder de esa manera obtener un cierto rédito entre la compra y la venta de la misma", explicó.
El empresario admitió conocer a López y a su esposa María Amalia Díaz por cuestiones sociales y sostuvo que siempre quisieron comprar la casa pero no pudieron.
Por ello, la mujer -justificó- se mostraba interesada en las reformas que se hacían a la propiedad y se contactaba con el arquitecto a cargo, Federico Curcio.
Galera y Gutiérrez fueron indagados como supuestos partícipes necesarios del enriquecimiento ilícito de López. (Télam)