"No es ilegal ni inconstitucional"

El Gobierno sostuvo ayer que el cobro adicional en las tarifas de gas dispuesto a raíz de la devaluación "no es ilegal ni inconstitucional" y argumentó que es necesario "respetar los contratos con las empresas productoras".
El ministro de Justicia, Germán Garavano, resaltó: "No es ilegal ni inconstitucional. Es un marco regulatorio que está vigente y que se dictó durante la Presidencia de Carlos Menem".
Al formular declaraciones a la prensa acreditada en la Casa de Gobierno tras la reunión de Gabinete, consideró que la Resolución 20/2018 que dispone el pago "extra" en la tarifa fue dictada dentro de los marcos regulatorios vigentes por leyes sancionadas en el Congreso.
Garavano aseguró que "todos los Gobiernos mantuvieron" esa regulación y aclaró que "sobre esta cuestión, en definitiva, se pronunciará la Justicia".
El funcionario confirmó que, durante la reunión de Gabinete, el secretario de Energía, Javier Iguacel, expuso ante el presidente Mauricio Macri y los ministros sobre el avance de la producción de gas en el Yacimiento de Vaca Muerta y "sus últimas declaraciones" sobre las tarifas del gas.
El titular de Justicia aclaró que el "Enargas es el que aplica el marco regulatorio que se dictó" en 2004 y enfatizó que será un tema "que evaluará la Justicia".
De esta forma, Garavano, se refirió a la denuncia impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuan, contra Iguacel por presunto "abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público".

Iguacel.
Por su parte, Iguacel sostuvo que el cargo extra en las tarifas de gas "no era para una demanda judicial".
"Me parece que el tema no era para una denuncia judicial, pero me presentaré y que la Justicia decida. Está bien que los funcionarios estemos expuestos a dar explicaciones, pero todo lo que se hizo está dentro de la ley", justificó el funcionario.
En declaraciones a radio Mitre, Iguacel analizó el cargo extra en las tarifas, a pagarse en 24 cuotas desde el primero de enero de 2019 y evaluó que si no se hacía de esa forma, "en vez de 34,7%, el incremento hubiera dado el 200%".
"Buscamos resolver el problema respetando los contratos y teniendo en cuenta lo que le cuesta a la gente llegar a fin de mes", afirmó.
Así, insistió: "Para poder hacer esto, se dispusieron la 24 cuotas, que tienen un impacto más bajo que hacerlo de otra manera".

Larreta.
En tanto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reconoció que cualquier aumento en la tarifa de gas "es mucho", pero aclaró: "El aumento está incluido en los contratos de hace dos décadas que ningún Gobierno después cambio".
"No lo decidió este Gobierno, está en los contratos firmados en la época de (Carlos) Menem y que durante doce años kirchneristas nadie los cambio", insistió Larreta.
"Cualquiera que hubiera estado en el Gobierno tenía que llevar adelante estos aumentos porque están en los contratos que se firmaron hace tres gobiernos", remarcó en declaraciones a radio La Red.
El senador oficialista Esteban Bullrich les pidió a los usuarios y consumidores que paguen el sobrecargo en las facturas de gas porque ese dinero es necesario para "cubrir los costos de producción".
El ex ministro de Educación subrayó que reconoce el "malestar" social que genera la decisión de Iguacel, de pagarle 10.000 millones de pesos a las gasíferas.

Sesión especial.
La oposición en la Cámara de Diputados presentó ayer un pedido de sesión especial para el jueves 18 de octubre a fin de frenar la resolución de la Secretaría de Energía que "compensa" a las empresas prestadoras de gas por la devaluación a través del cargo de un adicional en las facturas que pagan los usuarios.
El temario de la sesión, convocada para las 11.30, también incluye pedidos de interpelación del secretario de Energía, Javier Iguacel; del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y del titular de Enargas, Mauricio Roitman, para que brinden explicaciones.
El massismo incorporó a su vez un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo que "deje sin efecto o suspendida" la medida.
La versión de una ofensiva opositora contra la resolución 20/2018 tomó fuerza el lunes cuando se tejieron los acuerdos entre las distintas fuerzas políticas, y terminó de cobrar forma este martes: la jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, tomó la delantera y comenzó a girar el proyecto a las otras bancadas opositoras.
Así, tras la rúbrica de Diego Bossio (Justicialista), fueron llegando las firmas de Agustín Rossi (FpV), Leonardo Grosso (Movimiento Evita), Nicolás del Caño (PTS-FIT), y varias otras, para llegar a un total de 19 firmas.
Todas estas bancadas ingresaron el lunes proyectos de derogación de la resolución, que fueron incluidas en el temario de la sesión especial.
De este modo, la oposición pretende asestarle al oficialismo un revés parlamentario, para que pague el costo político de una medida que considera "inconstitucional" por el carácter retroactivo del adicional, que se repartiría en 24 cuotas de 100 pesos mensuales. (NA)

Denuncia contra Iguacel
La jueza federal María Servini de Cubría delegó ayer en la fiscal Paloma Ochoa la denuncia por presunto "abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público" al secretario de Energía, Javier Iguacel, por disponer una compensanción para las productoras de gas a raíz de la devaluación del peso argentino respecto al dólar.
La jueza lo decidió tras la denuncia que realizara de oficio el fiscal Guillermo Marijuan.
"La resolución contempla un mecanismo de recupero de las diferencias diarias acumuladas correspondientes al período 1 de abril al 30 de septiembre, autorizando a las empresas distribuidioras del servicio de gas al cobro de cuotas durante el lapso de dos años a partir del 1 de enero de 2019", explicó el fiscal.
Para el fiscal, la resolución dictada provoca "un perjuicio al patrimonio de los consumidores".
"De esta manera, mediante el dictado de la resolución se genera una compensación a favor de las empresas contratistas y distribuidoras del servicio de gas incrementado el costo mensual del servicio a usuarios y consumidores", agregó.
En la denuncia hecha por el fiscal, se requirió el dictado de una medida cautelar para suspender el aumento ya que provoca un "perjuicio económico a los usuarios".
Como medida de prueba, el fiscal sugirió requerir toda la documentación en torno al dictado de la resolución que habilitó los aumentos de gas así como citar a declarar al director de jurídicos de la secretaría de Energía.