«No esta descartada la expropiación»

El presidente Alberto Fernández se reunió ayer en la Residencia de Olivos con el interventor de Vicentin, Gabriel Delgado, para «buscar una propuesta superadora», pero «no está que esté descartada la expropiación». Así lo anticiparon a NA fuentes oficiales, que precisaron que «hoy la expropiación es el último recurso» pero «no significa que esté descartada». «Insistimos en buscar una propuesta superadora. No significa que esté descartada la expropiación, está en stand by. Hoy la expropiación es el último recurso», manifestaron a Noticias Argentinas fuentes cercanas al Presidente.
En ese marco, Delgado afirmó que repasó con el jefe de Estado «todas las alternativas», y aclaró que «el propósito del Gobierno es preservar las fuentes de trabajo». «Con Alberto Fernández analizamos la situación de Vicentin. Repasamos todas las alternativas y no nos aferramos a los instrumentos. El propósito del Gobierno es preservar las fuentes de trabajo y que los productores puedan cobrar», publicó Delgado en redes sociales.
La intervención de Vicentin fue anunciada por el Presidente el pasado 8 de junio, tras la publicación de un decreto que dispuso la intervención de la compañía por parte del Poder Ejecutivo, en medio de un concurso de acreedores. La empresa se encuentra en una cesación de pagos, con una deuda por más de 18 mil millones de pesos con el Banco Nación que se suma a la que mantiene con acreedores privados y productores agropecuarios.
Sin embargo, el viernes a última hora, Perotti anunció una propuesta para la creación de un Órgano Interventor y una administración mixta que cuenta con el apoyo del Gobierno. Antes de que se realizara la movilización, Fernández señaló que si la Justicia no acepta la propuesta de Perotti, el único camino para destrabar la situación de Vicentin será la expropiación.

Recuperadar.
Por su parte, ayer la organización de Empresas Recuperadas consideró que el gobierno nacional debe pedir «la quiebra y después expropiar» la empresa agrícola Vicentin para poder «para pagar por lo que vale y no por lo que debe». «Mientras el gobierno de Mauricio Macri pisoteaba a la economía popular y a las pymes bajo el mote de improductividad, a Vicentin le inyectaba fortunas con fondos de nuestro pueblo, a escasas horas de abandonar el poder y de que el mega grupo agrario se declarara en «estrés financiero», advirtió la organización en un comunicado.
Empresas Recuperadas -presidida por Eduardo Murúa- señaló que «no hay excusas, el Estado y el Banco Nación con sus acreencias deben pedir la quiebra y después expropiar, para pagar por lo que vale y no por lo que debe». «Hoy más que nunca la soberanía, la dignidad y el trabajo no se declaman. Los construye, los arranca y los defiende el pueblo con nuestra unidad, nuestra lucha y nuestra organización», declaró Murúa.
Subrayó que durante los cuatro años de gobierno macrista «la producción y la industria nacional, el mercado interno y las condiciones de vida de nuestro pueblo fueron diezmados por políticas de ajuste y entrega». «Nos reinventamos para dar una nueva pelea porque la pandemia del COVID-19 se suma a la pandemia del endeudamiento histórico e ilegítimo, de la fuga de capitales, de la destrucción de miles y miles de puestos de trabajo», señaló el texto.
Además, la organización dijo que no le sorprende el fallo del juez santafesino contra la decisión del Gobierno, porque «conocemos bien el accionar de un Poder Judicial que en la mayoría de los casos opera enquistado y ajeno a la imparcialidad, y defiende a la propiedad privada por encima de los derechos de los sectores populares».

Lavado.
En tanto, la unidad antilavado insistió ante la Justicia para que la acepte como querellante en el caso de la empresa cerealera Vicentin. En la presentación original, la unidad antilavado acusó al ex presidente Mauricio Macri, a los ex titulares del Banco Central y Nación Guido Sandleris y Javier González Fraga, como también a los directivos de Vicentin por los delitos defraudación al Estado, lavado de dinero y fuga de capitales. Además, pidió que haya inhibición general de bienes sobre el patrimonio de los acusados. (NA/Télam)