Nueva jornada en el Senado para analizar la Reforma

El proyecto de Ley de Reforma Judicial que el Poder Ejecutivo envió al Senado de la Nación fue analizado el martes en un plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, donde se presentaron de manera remota la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta; y la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez.
Además, una decena de invitados expresaron su apoyo y sus reparos a la iniciativa, que continuará siendo debatida en comisión durante los próximos días.
En ese contexto, el presidente Alberto Fernández dijo que le parece «insólito» que la oposición no quiera tratar el proyecto de reforma judicial en el Congreso y sostuvo que forma «parte de la discusión hipócrita de la Argentina», en declaraciones a la radio Futurock, en las que dejó claro que el proyecto enviado al Congreso siempre puede ser «mejorable» y «perfectible».

Gómez Alcorta.
Por su parte, la ministra Gómez Alcorta, en su intervención ante los senadores, ponderó el proyecto de Reforma Judicial porque incluye dos artículos en los que se tiene en cuenta el acceso igualitario a la justicia.
«Cualquier mecanismo que promueva la participación, como cuotas o la paridad en el equilibrio de los géneros, son acciones muy positivas», afirmó Gómez Alcorta.
La funcionaria mencionó que en el proyecto enviado por el gobierno de Fernández «hay cuestiones de género centrales» y mencionó el artículo 16 de la norma «que establece que el Consejo de la Magistratura procederá a elegir las listas teniendo en cuenta y respetando la diversidad de géneros».

Defensora.
Por su parte, la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, afirmó que la iniciativa «debe hacerse» ya que «es necesaria y muy urgente», pero consideró que «la ley tal como está planteada «tiene algunos problemas», ya que remite a «un modelo antiguo».
En la tercera audiencia de debate, Martínez sostuvo ante los senadores que sería conveniente «introducir modificaciones».
«Se crea una cantidad muy grande de juzgados (en el fuero federal) 46 juzgados y 45 fiscales y sólo 12 defensorías», señaló y opinó que «con ese déficit no se puede funcionar».

Opiniones.
En tanto, el presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun) y fiscal Criminal y Correccional Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Carlos Rívolo, cuestionó que siga sin aplicarse el sistema acusatorio.
«El proyecto ingresado arroja comparativamente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para la Provincia de Buenos Aires una cantidad desequilibrada de fiscalías. Para la Ciudad, con 3,8 millones de habitantes, tendríamos 46 juzgados y 35 fiscalías. Para la provincia, con sólo 3,5 millones de habitantes en el Conurbano, habría 27 juzgados y 19 fiscalías», describió.
A su turno, Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), destacó que «este proyecto sigue quedando centrado en una lógica de creación de juzgados y fiscalías que implica una mirada contraria al avance y la implementación del sistema acusatorio». «El proyecto no puede estar basado en la creación de juzgados», destacó.
Por su parte, Alejandro Fargosi, letrado miembro del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal desde el año 1978 y ex consejero de la Magistratura, destacó que «si el fundamento de la reforma es evitar la politización de la justicia, no hay que crear jueces, sino juzgar a los culpables».
«El problema no es la cantidad de jueces, sino la calidad de jueces», expresó.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez elogió la idea del proyecto de transferir competencias a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como «una política de estado que arrancó con el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner y cuando los jefes de gobierno fueron Aníbal Ibarra y Mauricio Macri».
Sin embargo, Gil Domínguez cuestionó la idea expresada por el senador oficialista Oscar Parrilli de incluir la facultad para los jueces de denunciar a los medios como «fuentes de presión».
«Eso es contrario a los tratados de derechos humanos y a la libertad de expresión», indicó.
El representante del espacio Gente de Derecho, Jorge Rizzo, en cambio, cuestionó el traspaso de fueros a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque «no mejorará la situación de los justiciables y generará clientelismo». (Télam)