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Nuevo juez liberó a todos menos a Alan Ruiz

ESPIONAJE M

La decisión de la Cámara Federal de La Plata de apartar al juez que venía tramitando la causa del supuesto espionaje ilegal desplegado desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Cambiemos desató una ola de especulaciones en torno al expediente, ya que mientras las defensas se volcaron a pedir nulidades y prisiones domiciliarias -que consiguieron ayer-, las querellas se mostraron confiadas en que el expediente seguirá su curso por el abundante material probatorio. En lo formal, el tribunal de apelaciones sacó el expediente de las manos del juez Federico Villena por el temor de parcialidad expresado por tres de los imputados y lo puso en las del juez Juan Pablo Auge quien, como primera medida, lo delegó en los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.
Aunque no desconfían del juez, es precisamente en los fiscales en quienes descansa la tranquilidad de los querellantes, ya que Incardona y Eyherabide ya tenían delegada desde antes la causa por el supuesto espionaje ilegal en el Instituto Patria. Fueron los fiscales quienes solicitaron allí la detención de Alan Ruiz, el ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI, y sindicado como jefe operativo de los ex agentes denunciados por espionaje ilegal.

Ruiz, el único detenido.
Los primeros pasos que dieron los fiscales y el juez estuvieron apuntados a resolver los planteos excarcelatorios y de prisiones domiciliarias que formularon los más de 20 acusados de la causa. Casi en simultáneo, los magistrados deberán abocarse a resolver la situación procesal de los imputados que ya fueron indagados y preparar las indagatorias de los últimos detenidos que aún no declararon.
En sus resoluciones de ayer, Auge ordenó las prisiones domiciliarias de la exfuncionaria Susana Martinengo, y los exagentes Diego Dalmau Pereyra, Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge «Turco» Saez, entre otros; en tanto que dispuso la excarcelación de Guillermo Matta, Johnatan Nievas, Dominique Lasaigues y Javier Bustos. En los casos de Matta, Nievas, Lasaigues y Bustos, que aún no fueron indagados, el juez ya dispuso días y horarios para sus citaciones a declaración indagatoria, tras analizar la prueba y preparar las diligencias correspondientes.
Por su parte, el exjefe de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz. continúa detenido, y Martín Terra sigue en rebeldía y prófugo de la justicia.

Recusación.
«Resulta imperioso señalar que en la presente causa se investigan hechos de notoria gravedad institucional, que ameritan que sean investigados profundamente con la intervención de un juez sobre quien no recaiga ninguna duda sobre su imparcialidad, y que se encuentre en una clara posición de objetividad para valorar la prueba recolectada y decidir la situación procesal de las personas imputadas», destacó el camarista Roberto Agustín Lemos Arias en su resolución.
El cambio de juez se produjo tras un planteo de los ex espías Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge «Turco» Sáez quienes sostuvieron que Villena no podía estar al frente del expediente porque él mismo había ordenado tareas de inteligencia en las inmediaciones del Instituto Patria y había dispuesto que se interviniera el teléfono público del Penal de Ezeiza, dos hechos que ahora se investigan en este y otro expediente que está en manos de Auge. Para los acusados, el juez Villena era juez y parte y estaba ante la posibilidad de tener que investigarse a sí mismo.

Medidas válidas.
En la causa se investiga «una organización con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, integrada por una cantidad indeterminada de personas, entre quienes se encontraban funcionarios públicos y agentes de distintas Fuerzas de Seguridad y de Inteligencia» que «se habría dedicado, mediante el uso abusivo y sistematizado de medios investigativos ilegales o bajo un aparente manto de legalidad, a la realización de seguimientos, toma de vistas fotográficas, obtención de video filmaciones, recopilación de datos y confección de informes personales».
Uno de los abogados que conocen el expediente sostuvo que el cambio de juez no implica la caída de la causa, ni la nulidad de indagatorias y que ni siquiera significa que el juez removido haya hecho algo ilegal, sino que está justificado el temor que pueden tener los acusados a los que se les debe garantizar la imparcialidad del juez.
«La jurisprudencia es pacífica, no implica que los actos jurídicos del juez removido no sean válidos, la recusación no acarrea la nulidad de los actos», sostuvo la fuente al analizar la decisión de tribunal de apelaciones. «El Código Procesal establece que el juez que intervenga en una causa tiene que hacer todos los actos procesales que garanticen el éxito de la investigación: juntar prueba, allanar, evitar que se fuguen. Las medidas que tomó Villena no fueron irracionales», sostuvo el abogado. (Télam)