Otro duro golpe a la educación

El desfinanciamiento de las políticas de discapacidad que ejecuta el gobierno de Mauricio Macri abrió un nuevo capítulo en la crisis que viven los chicos, adolescentes y adultos que asisten a escuelas especiales y centros educativos, terapéuticos y de rehabilitación. Al menos 20 mil personas con discapacidad podrían no volver a clases en los próximos días debido a la deuda que el Estado mantiene con los poco más de 2500 transportistas que se encargan de trasladarlos.
La crisis que atraviesan los transportistas no es algo nuevo, pero se acentuó en los últimos meses de escalada inflacionaria, de devaluación del peso y de retrasos en los pagos del programa Incluir Salud desde que la Agencia Nacional de Discapacidad lo traspasó a los gobiernos provinciales. El pago por ese servicio que reciben los choferes y propietarios son a 60 días, pero buena parte aún no cobró diciembre de 2018 y a algunos se les debe hace 120 días.
Buena parte de los más de 2500 transportistas de todo el país no aceptó la propuesta de aumento planteado por las provincias porque "no cubren sus costos" y "de aceptarla, irían a la quiebra", según apuntó el Foro de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Imposibilidad.
Los representantes de familiares de chicos y jóvenes con discapacidad agrupados en ese colectivo advirtieron que "la pérdida del transporte, trae como consecuencia la perdida de la prestación institucional, debido a la imposibilidad" que varias de ellas tienen para trasladar a sus familiares.
"Hay familias que ya no pueden llevar a sus chicos a los centros" terapéuticos y educativos, remarcó Pablo Molero, titular de la Comisión para las Personas con Discapacidad del Arzobispado de Buenos Aires. La situación no solo es de crisis para los transportistas sino también para las instituciones. Para el caso de estas, los fondos del Incluir Salud siguen siendo nacionales; pero así y todo hay deudas que datan desde octubre del año pasado.

Reuniones.
Hubo reuniones de varias instituciones con funcionarios de la Agencia, pero "las promesas que se hacen con el Incluir Salud no se cumplen", lamentó Molero, a la vez que resaltó otra problemática: el arancel que perciben. "No hay estudio de costos actualizado a la inflación y al costo de vida. A algunas (instituciones) les dieron aumentos del 8 por ciento, a otras del 15 y a algunas del 30 por ciento", es decir por debajo de la inflación del año pasado (47,6).
Para Molero, "la situación de crisis" que viven los transportistas y las instituciones del sector es producto de "un gobierno que tiene desinterés sobre la discapacidad". "Durante el primer año, al Gobierno parecía interesarle el tema, luego nos dijeron que les seguía importando los chicos, pero la realidad indica otra", evaluó.
Para ejemplificar, recordó las pensiones por discapacidad "que sacaron", las trabas para obtenerlas y las complicaciones en los trámites para obtener los certificados de discapacidad. "La explicación siempre fue que esto fue por la corrupción kirchnerista. Entiendo que pudieron haber casos de otorgamiento de pensiones discresional, pero lo hoy hay una quita de derechos", concluyó. (Página12.com)