miércoles, 18 septiembre 2019
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Para la Fundación Huésped, el proyecto del nuevo código penal es más «regresivo» en relación al aborto

La Fundación Huésped calificó de «regresivo» el nuevo proyecto de Código Penal por los cambios respecto al aborto debido a que «impone más obstáculos para que las personas gestantes accedan a la práctica con las causales vigentes desde 1921» y desoye «el consenso alcanzado en 2018 sobre que la mujer no debe ir presa».

«En primer lugar, el proyecto incorpora nuevos motivos de penalización: el ‘aborto culposo’ (por imprudencia o negligencia) y la ‘lesión a la persona por nacer’ en su versión dolosa (intencional) y culposa (no intencional)», indicó la organización.
En un comunicado sostuvo que «esto le otorga al feto un estatus jurídico distinto al de la persona gestante, equiparando al feto con las personas ya nacidas y ampliando la criminalización a los profesionales de la salud». 

Según Huésped, que participó del debate de la ley de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en 2018, «este criterio ignora lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Fallo FAL y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Artavia Murillo, con respecto al carácter gradual e incremental del derecho a la vida».

La organización sostuvo que «el nuevo proyecto de código penal también es regresivo en relación con las causales para acceder a una ILE».
«El Código Penal vigente encuentra entre las causales justificatorias si el aborto se ha realizado ‘con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre’, y la Corte Suprema en el citado Fallo FAL adhiere a la definición de salud integral de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que la considera en sus dimensiones biológicas, psicológicas y también los factores sociales», describió.

Y añadió que el proyecto sólo menciona «el concepto de ‘salud física o mental’, lo que da lugar a que el término ‘salud’ sea interpretado de forma restrictiva».
En relación con las penas, reduce de 4 a 3 años el castigo máximo para las mujeres que abortan (lo que lo convierte en un delito excarcelable), pero deja a cargo de los jueces el poder de «perdonarles la pena». 

«El proyecto enviado al Congreso Nacional no resuelve ninguno de los dos casos: las mujeres seguirán enfrentando causas judiciales y quienes quieran acceder a un aborto legal deberán afrontar aun más barreras que las actuales», indicó Huésped, que describió que esto incrementará los «abortos clandestinos que ponen en riesgo a más mujeres». (Télam)