Podrán designar procurador por mayoría

La Cámara de Senadores aprobó ayer y giró a Diputados una serie de cambios a la Ley del Ministerio Público Fiscal, entre los que destacan la designación del procurador general por «mayoría absoluta» de la Cámara alta, en vez de los dos tercios de los presentes, y una reducción del período de mandato a cinco años, reelegible por otro lustro. La iniciativa fue aprobada por 42 votos a favor y 27 en contra, tras un debate de cinco horas.
La iniciativa contó con respaldo del Frente de Todos y sus aliados del Frente Renovador de la Concordia de Misiones y Juntos Somos Río Negro. En tanto, el interbloque de Juntos por el Cambio y sus asociados del interbloque Parlamentario Federal, votaron en contra.
La principal reforma a la Ley del Ministerio Público modifica las mayorías para designar al jefe de los fiscales. En la actualidad se requiere el voto de dos tercios de los presentes en la Cámara alta, mientras que el cambio introducido ahora dispone que se necesita la mayoría absoluta. El Frente de Todos cuenta, hasta diciembre del año que viene, con 43 senadores, cifra suficiente para designar al próximo procurador.
Esta discusión se desarrolla en el Congreso, donde oficialismo y oposición no se ponen de acuerdo para designar al juez federal Daniel Rafecas, propuesto por el Poder Ejecutivo, para el cargo de procurador. Su pliego permanece sin ser debatido en el seno de la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta.

Nuevos requerimientos.
El dictamen aprobado ayer también establece que la postulación y designación del candidato no podrá realizarse durante un año electoral en el que se elija presidente de la Nación y dispone que el procurador durará en sus funciones cinco años, pudiendo ser nuevamente designado por un nuevo período a propuesta del PEN y con nuevo acuerdo del Senado. Al momento de su designación, el Procurador General no podrá superar los 75 años de edad.
El proyecto también dispone que el procurador sólo puede ser removido por razones de mal desempeño, crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones. Para acusarlo ante el Senado se requerirá la aprobación de la mayoría absoluta de los miembros de la cámara, y para removerlo se necesitarán dos tercios de los votos. No obstante, el Senado podrá suspender al procurador mientras dure el proceso de remoción, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros.
Al cerrar el debate el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, reconoció que «la mayoría agravada» de dos tercios «no reúne consenso» y se preguntó «¿qué pasa con las políticas públicas que hay que llevar adelante?» Además, advirtió que el oficialismo «hará el esfuerzo de corregir el desastre buscando la institucionalidad que Macri destrozó y del que ellos (Juntos por el Cambio) fueron cómplices».

Contrarreforma.
El jefe del interbloque de la oposición, el radical formoseño Luis Naidenoff, acusó al oficialismo de llevar adelante «una contrarreforma constitucional». «Estamos asistiendo a una contrarreforma constitucional. Porque a partir de la reforma de 1994 el Ministerio Público Fiscal en la Constitución ocupó un rol de contrapoder. ¿De dónde sacaron que los dos tercios son impracticables? Los dos tercios tenían que ver con la robustez del cargo», aseguró.
Además, el senador acusó al oficialismo de «planchar» el pliego del candidato a la procuración, el juez federal Daniel Rafecas. «Nunca movieron un dedo para avanzar con Rafecas. Quizá el pliego interesaba en la Casa Rosada, pero no en el Senado porque al candidato del Poder Ejecutivo nunca se lo sintió como propio en el Senado. Si no, hubieran trabajando el pliego», sentenció.
Al abrir el debate, el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el oficialista neuquino Oscar Parrilli explicó que la reducción del número para elegir al procurador no se debe a la falta de consenso para elegir a Rafecas sino para remover al procurador interino, Eduardo Casal, porque «sirve a los intereses» de la oposición.
«Acá no se trata de Rafecas sí o Rafecas no. Se trata de Casal sí o Casal no. Hay muchos que quieren que siga el procurador interino porque le sirve a sus intereses: es presionable y está haciendo atrocidades» completó. Y advirtió que la oposición acusa al gobierno nacional «de hacer cosas que hicieron ellos, como manipular a la justicia» y destacó que en cambio el oficialismo pretende «dar certezas y seguridades».
Por el contrario, el opositor cordobés Ernesto Martínez opinó que el proyecto tiene un «sentido de venganza». «Es una ley con un verdadero sentido de venganza», afirmó Martínez y destacó que «la idea del proyecto es decir la acusación soy yo» y lo calificó como «absolutista». (Télam)