Procesan a ex funcionarios

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó ayer sin prisión preventiva al ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías y al ex titular de Vialidad Nacional y ex ministro de Energía de la gestión de Cambiemos, Javier Iguacel, por presunta administración fraudulenta, en una investigación por la renegociación de concesiones de peajes en el gobierno de Mauricio Macri.
Además, en la misma resolución, el magistrado fijó para este viernes la declaración indagatoria al ex ministro de Transporte del macrismo Guillermo Dietrich y para el lunes próximo la del ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, ambos a las 10.
En la causa se investigan presuntas irregularidades en la renegociación de contratos de concesionarias de peajes en las autopistas Panamericana y Acceso Oeste que habrían beneficiado a empresas vinculadas al ex presidente Macri.
Están imputados, además, los empresarios responsables de Autopistas del Sol S.A. y Grupo Concesionario Oeste, cuyas fechas para declaración indagatoria se fijarán a medida que se concreten las citaciones a los ex funcionarios.
Los ex funcionarios habían sido citados ya a indagatoria en el caso, pero ahora el magistrado puso fecha para ese trámite, que se hará por videoconferencia a raíz del aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus.
«Cada uno de los imputados realizó el aporte necesario para que la maniobra se desarrollara del modo planeado», sostuvo el juez tras ubicar a Iguacel como quien negoció con las empresas beneficiadas y a Saravia Frias como el responsable de respaldar con su firma los acuerdos alcanzados, pese al cúmulo de irregularidades detectadas en la investigación.

Contratos.
El juez resolvió procesar a Saravia Frías y a Iguacel, luego de que ambos se negaron la semana pasada a prestar declaración indagatoria y sin esperar a que concluya la ronda de declaraciones de imputados que deberán presentarse en la investigación.
«Podemos observar que las pruebas colectadas en la presente investigación resultan suficientes para aseverar, con el grado de sospecha exigido en esta etapa procesal, que existió un acuerdo previo entre las partes intervinientes -públicas y privadas- que permitió el desenvolvimiento de este irregular proceso», sostuvo el juez en la resolución.
Canicoba Corral se refirió a la renegociación entre 2016 y 2018 de los contratos para las concesiones del cobro de peajes en Acceso Norte y Acceso Oeste, los que «resultaron contrarios a las normativas vigentes», en un acto «perjudicial para las arcas del Estado», que implicó, entre otras cosas, extender las concesiones hasta el 2030.
«A pesar de que estaban obligados a cumplir con los requisitos de la normativa vigentes y proteger los intereses que tenían confiados, su accionar se desarrolló en clara oposición a esa manda y con esa finalidad espuria, derivando ello del poder de disposición del patrimonio del Estado del que se encontraban dotados», analizó el juez.
La pesquisa gira en torno también a un reconocimiento de multimillonarias cifras a las empresas por inversiones «pese a no contarse con un informe técnico integral y exhaustivo con respaldo documental que valide o justifique el millonario monto de inversión reconocida».
El magistrado recordó que se argumentó una «supuesta presión de un trámite arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones» en base a una demanda contra la Argentina «que, según pudo determinarse en esta investigación, resultaba de casi imposible acogida favorable».
Pese a todo ello, el 26 de junio de 2018 «se celebraron en favor de Autopistas del Sol S.A. y Grupo Concesionario Oeste, los Acuerdos de Renegociación Contractual de contratos de Concesión del Acceso Norte y Acceso Oeste», remarcó.
El juez calculó un posible perjuicio por 499 millones de dólares reconocidos en el contrato a Autopistas de Sol y 247 millones de dólares en el caso del Grupo Concesionario Oeste SA.
(Télam)