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Promueven una excepción para evitar judicialización

VIOLENCIA ECONOMICA A TRAVES DE LA CUOTA ALIMENTARIA

En Argentina no hay criterios uniformes para fijar la cuota alimentaria y son las madres quienes deben negociar el acceso a ese derecho en un proceso legal engorroso y costoso.
Mientras en el Senado espera tratamiento un proyecto que podría cambiar este panorama discriminatorio para mujeres, niñas y niños, los profesionales dedicados al tema coinciden en que la cuestión requiere reformas judiciales con perspectiva de género.
Según la legislación la madre y el padre tienen el derecho y la obligación de criar a sus hijos e hijas, alimentarlos y educarlos, aún cuando la pareja ya no conviva. La cuota alimentaria, creada como una herramienta para equilibrar responsabilidades, se convierte en un problema de múltiples derivaciones, hasta terminar en procesos humillantes donde la mujer debe presentar comprobantes de alimentos adquiridos o facturas por un corte de cabello.
Estas problemática aparece porque «el sistema de cuotas alimentarias en nuestro país se judicializó basándose en un esquema antiguo o diferente a la economía local: si el cónyuge no cumple con la cuota alimentaria, se le embarga su sueldo, pero para eso tiene que existir trabajo registrado, o bienes a su nombre, y no siempre aparecen», explicó la abogada feminista Sabrina Cartabia.
Este primer obstáculo «es difícil y a veces imposible» de salvar e impide garantizar ese derecho. Según datos oficiales, entre un 35 y 40 por ciento de las personas tienen empleos no registrados en el país. Si bien hay posibilidades de que ambos progenitores acuerden un monto en una negociación privada o a través de una mediación, en general se termina en los tribunales.

Esperando una ley.
¿Quién se hace cargo del proceso judicial? La mujer. «Las mujeres no encuentran respuesta en la justicia, por eso hay que construir un Poder Judicial con perspectiva de género, capaz de entender que un derecho judicializado es un derecho que no se ejerce», agregó Mariana Gras, de la Mesa Nacional del partido Identidad (Frente de Todos). El problema de la cuota alimentaria «surgió como demanda en un universo de mujeres transversal a todos los sectores sociales que no está teniendo la visibilización que requiere».
Estas instancias judiciales exponen a las mujeres a largos e intrincados procesos, que implican pagar un asesoramiento legal. «Hay baches en la legislación que cubren las mujeres, y generan su empobrecimiento», analizó Cartabia.
Actualmente, en el Senado espera tratamiento un proyecto de la diputada Cristina Álvarez Rodríguez (FdT) aprobado en la Cámara Baja, para que las obligaciones alimentarias queden exceptuadas de la la Ley 23.928 del año 1991, que prohíbe la actualización monetaria. Con esta ley «aseguramos los derechos de niñas, niños y adolescentes. Cada vez que erradicamos una desigualdad, estamos dando un paso más hacia la justicia social» dijo la legisladora.
Las madres «que son quienes inician la mayoría de juicios por alimentos, podrán solicitar a los jueces o juezas que fijen pautas de actualización. Eso le ahorra a la mujer atravesar periódicamente la situación del juicio, discusiones, honorarios y evita los efectos que la litigiosidad genera sobre los hijos» destacó Álvarez Rodríguez.

Desigualdad.
Según la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, á a cargo de Mercedes D’Alessandro, detectó que el 69% de los argentinos en situación de pobreza son mujeres. Agregó Gras que «6 de cada 10 hogares monoparentales, es decir a cargo de mujeres, son pobres en Argentina, y en esos seis hogares monoparentales tres de cada cuatro no perciben cuota alimentaria».
El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) aportó otras cifras el año pasado y reveló que ocho de cada diez madres no conviven con el padre de sus hijos y que sólo una de cada cuatro percibe cuota alimentaria. El sistema judicial «tiene varios problemas, introducir la perspectiva de género es un mandato constitucional, la cuestión es cómo incidimos en los operadores jurídicos para que cumplan esto y cómo evaluamos su desempeño previo, en concursos y exámenes», planteó Cartabia.
«Tuve varios casos donde el abogado del varón aconsejaba ejercer violencia económica para que las mujeres, asfixiadas económicamente y sin poder afrontar sus obligaciones, negociaran una cifra a la baja. He visto cómo les cortaban el gas en pleno invierno por falta de pago en medio de una negociación para que las mujeres cedieran», contó. Esto representa «violencia económica y patrimonial, tal cual la define la ley 26485 de Protección Integral a las Mujeres».
«Hay que construir leyes que le quiten esta carga a las mujeres y diseñar políticas públicas que formalicen redes de cuidado y permitan un Estado presente, para que las familias monoparentales puedan salir a buscar trabajo», concluyó Gras.
(Télam)