Proyecto obtuvo dictamen

El proyecto del nuevo Código Procesal Penal se debatirá en el recinto del Senado el próximo 19 de noviembre, luego de que ayer lograra dictamen en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, que incorporaron más de cuarenta modificaciones a la iniciativa enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo.
Entre las modificaciones, se dejó afuera del texto la figura de "conmoción social del hecho" para dictar una prisión preventiva, tal como habían planteado desde diferentes ámbitos, y se modificó el artículo 35, vinculado con la expulsión de inmigrantes cuando sean encontrados en flagrancia delictiva.
El radicalismo, a través del senador Gerardo Morales dijo estar de acuerdo con la mayoría de los cambios planteados, pero pidió una semana más para continuar analizando las modificaciones.
No obstante, Morales anticipó que impulsarían un dictamen propio de minoría, con otros cambios, entre los que mencionó la incorporación del juicio por jurados y cambios al funcionamiento del Ministerio Público, entre otras cuestiones.
Desde el FAU, en tanto, el socialista Rubén Giustiniani, destacó los cambios incorporados y dijo que hay acuerdo en la necesidad de modernizar el actual sistema, aunque coincidió con el radicalismo en solicitar más tiempo para estudiar las modificaciones.

Dictamen.
Sin embargo, tanto el presidente de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, Pedro Guastavino; como el de Presupuesto y Hacienda, Aníbal Fernández, reiteraron la postura del bloque oficialista de pasar a la firma el dictamen para debatirlo en el recinto la semana próxima aunque se comprometieron a escuchar otras propuestas de modificaciones al texto.
"No estamos sorprendiendo a nadie. Todo debate tiene un final", aseguró el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, quien puso de relieve que "durante siete meses en este plenario los grandes temas del debate se trataron en profundidad".
En ese sentido, el senador Aníbal Fernández se comprometió a "seguir escuchando otras modificaciones que propone la oposición", al reiterar la posibilidad de continuar incorporando modificaciones al proyecto.

Extranjeros.
En torno a los ciudadanos extranjeros, el proyecto sostiene que la suspensión del proceso a prueba se aplicará cuando el delito prevea un máximo de pena de tres años de prisión y el imputado no hubiere sido condenado a pena de prisión o hubieran transcurrido cinco años desde el vencimiento de la pena.
En tanto, la expulsión dispuesta judicialmente conlleva, sin excepción, la prohibición de reingreso que no puede ser inferior a cinco años ni mayor de 15.
Se establece además que el imputado podrá proponer al fiscal la suspensión del proceso a prueba y que dicha propuesta podrá formularse hasta la finalización de la etapa preparatoria, salvo que se produzca una modificación en la calificación jurídica que habilite la aplicación en dicha instancia. (Télam)