Pymes presentaron amparo colectivo

Unas 60 cámaras pymes nucleadas en la Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera) resolvieron ayer presentar un recurso colectivo ante la justicia por el fallo de la Corte Suprema que no contempló a las industrias y a los comercios dentro del freno dispuesto en la tarifa del gas.
"Las Cámaras no queremos judicializar estas cuestiones, pero es el camino que nos dejó la falta de diálogo", dijo el presidente de Cgera, Marcelo Fernández, al plantear que las empresas pymes necesitan "previsibilidad y certidumbre para poder sostener el empleo y la producción".
El directivo agregó sobre la situación del sector industrial: "Estamos viviendo una situación muy complicada con caída de las ventas, aumento en las importaciones y ahora se suma la falta de certezas en las tarifas".
La reunión extraordinaria llevada a cabo en la sede de Cgera contó con la presencia de un equipo de abogados encabezados por Carlos Cruz, profesor de la UBA y ex presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires; y los letrados Fernando Muriel y Florencia Sinagra especializados en amparos y derechos del consumidor.
El equipo de abogados estableció las distintas líneas argumentales que contendrá el recurso que se presentará en los próximos días y aclararon que la acción colectiva no invalidará las presentaciones individuales las empresas podrán presentar paralelamente.
Los sectores que representa Cgera son Manufacturas del Cuero, Indumentaria, Curtiembres, Exportadores pymes, de la Carne, Electrónicos, Radiodifusores, Ópticos, Engordadores de Hacienda, Fabricantes de Tintas Gráficas, Metalúrgicos, Insumos textiles, del Juguete, Industria del Calzado y Herrajes.

UIA.
El Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA) realizará hoy su habitual reunión de los martes, y en esta oportunidad analizarán la posición del sector fabril en el tema tarifa de gas. La reunión será cerrada a la prensa y la UIA tiene previsto luego emitir un comunicado de prensa.
No obstante, uno de sus integrantes de la conducción de la entidad, José Urtubey, advirtió que el fallo de la Corte Suprema a favor del freno de aumento del gas "no termina de resolver el tema del tarifazo" en el sector industrial, porque "no inhabilita a que industriales o comerciantes puedan reclamar judicialmente".
En declaraciones a radio El Mundo, Urtubey dijo que hoy "vamos a ver los pasos a seguir, siempre apelando al diálogo político y constitucional porque es la manera de trabajar estos temas".

CTA.
La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores convocaron a movilizarse en todo el país el próximo 12 de septiembre, día de la audiencia pública convocada por el gobierno. Además, las centrales reclamaron que lo resuelto en las audiencias públicas por aumentos tarifarios "sean vinculantes" y que el freno "a los tarifazos" se haga extensivo a pymes, clubes y teatros, entre otros espacios.

Gobierno modifica presupuesto.
El Gobierno modificó en más de 11.500 millones de pesos las partidas presupuestarias para atender programas y pagos vinculados con el Ministerio de Energía y también para control de la oferta pública por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Lo hizo a través de dos Decisiones Administrativas, una por más de 11.500 millones de pesos, vinculada con los programas del Ministerio de Energía, y la otra por más de 23,5 millones de pesos destinados a la CNV.
La Decisión Administrativa 886/2016, que lleva la firma del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y de los ministros de Hacienda, Alfonso Prat Gay, y de Energía, Juan José Aranguren, establece modificaciones presupuestarias por 11.500.715.098 pesos.
De esa cifra, 7.177.084.004 pesos serán destinados a la planificación y coordinación estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas; 3.481.941.094 pesos a la formulación y ejecución de políticas de hidrocarburos, y 841.690.000 pesos a la de políticas de energía eléctrica.
Con esos recursos, se atenderán, según se indica en los considerandos, pagos pendientes del programa de estímulo a la Inyección de Excedente de Gas Natural y al acuerdo de abastecimiento de gas propano.
Por otra parte, y por medio de la Decisión Administrativa 885, publicada también ayer, se destinaron 23.696.418 pesos a la CNV para el control y fiscalización de la oferta pública.
El fallo tiene un impacto fiscal que de acuerdo a distintas fuentes podría alcanzar los 20 mil millones de pesos en materia de subsidios que no podrán ser cubiertos por el aumento de tarifas. (NA)