Quieren redistribuir el agua para el riego

Desde hace tiempo que está claramente comprobado el mal uso que se hace en Mendoza del agua para riego, justamente una provincia que lleva adelante un histórico manejo unilateral de los recursos hídricos como sucede con el río Atuel, que es compartido con La Pampa tal como lo determinó la Corte Suprema de Justicia. Ahora, el gobierno cuyano quiere «redistribuir» esa agua y la medida generó polémica entre los productores.
El Departamento General de Irrigación mendocino, el poderoso ente que determina el manejo del agua, sacó una resolución con la que pretende regular mediante la «oferta y demanda» la distribución del recurso en la provincia.
Algunos productores aseguran que podrían ser afectados en calidad de propietarios y que «se pueden quitar algunos derechos adquiridos». Sin embargo, otros creen que sería positivo pero la consideran «inaplicable» ya que el organismo no tiene los recursos para hacerlo, según un informe que publicó ayer el diario mendocino Los Andes.
Desde Irrigación, el superintendente, Sergio Marinelli, aclaró que no se quitará ninguna concesión a quien cumpla con la ley y que «el objetivo principal es seguir eficientizando el uso del recurso hídrico en una provincia que durante una década ha estado en emergencia».
La resolución 408/20 del DGI, publicada el 24 de junio, dispone la obligatoriedad de presentar una declaración jurada para los usuarios que tengan permisos de riego precarios o temporarios. No obstante, en el documento se detallan algunas medidas que hacen referencia al «Plan de Gestión de oferta y demanda» con el cual se intenta eficientizar la regulación del agua. Este contempla algunos puntos como la quita de permisos a quienes registren deuda, la disposición del control volumétrico del recurso hídrico en algunos casos y la redistribución del agua de fincas que tengan derecho pero que no estén cultivados, aún con el pago al día, entre otros.

Quejas.
Mauro Sosa, director ejecutivo del Centro de Viñateros del Este y quien ha levantado quejas por esta resolución, si bien se mostró de acuerdo con regular permisos «precarios» y «temporarios», aseguró que hay algunos puntos que estaban incluidos en el proyecto de ley del Plan de Sequía, que fue presentado en 2018 y que quedó en la comisión de Ambiente de Diputados «por falta de acuerdos y también por quejas de las cámaras productivas». Para Sosa, mediante esta resolución del DGI se ha querido avanzar con ese mismo espíritu.
Sosa puso como ejemplo el inciso K, que expresa que las inspecciones de cauce «deberán entregar el agua necesaria en función de la superficie efectivamente cultivada no incluyendo propiedades abandonadas aunque las mismas se encuentren al día».
Ante esto, aseguró que eso afectaría el valor de la propiedad. «Creemos que es inconstitucional además porque se vulnera el principio de inherencia a la propiedad, es una cuestión indivisible», expresó. De ahí indicó que si un propietario quiere vender el terreno o cultivar, podría tener problemas para «recuperar» su derecho de riego, en caso de que se lo quiten.
No obstante, Marinelli refutó estas declaraciones y dijo que «no se quitará el agua a nadie, sino que no se dará agua cuando esté la superficie inculta». Además, destacó que «cuando una finca no está al día y debe más de dos cuotas, no se les da agua, pero si luego se pone al día se vuelve a dar».

«Inaplicable».
Mario Leiva, presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco, se diferenció de Sosa al decir que no cree que haya algún tipo de «peligro» en lo que respecta a perder el derecho de riego para el que paga e indicó que «hay varios casos en los que productores acuerdan con Irrigación para que utilice sus pozos en momentos de emergencia, pero no los pierden».
No obstante, consideró que la resolución es «inaplicable» ya que Irrigación «no tiene la estructura civil ni los recursos para instrumentar un programa de entrega de agua de acuerdo a la oferta. «En una primera lectura, el plan no se podrá realizar, porque no tenemos con qué. Faltan reservorios, impermeabilización de canales y más tecnología», declaró Leiva.
Roberto Casado, presidente de la Sociedad Rural de San Rafael, defendió la priorización de las fincas cultivadas. «Siempre hemos pedido a Irrigación que el agua no vaya a propiedades abandonadas y se priorice las trabajadas. Hay zonas en las que no alcanza el agua», justificó.