Reconocieron a tres jóvenes

Tres de los diez rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell fueron identificados ayer en la tercera rueda de reconocimientos, uno de ellos como quien aplicó puñetazos a la víctima, otro como «arengador» de los agresores y el restante como parte del grupo presente en el lugar del ataque.
Fernando Burlando, abogado de la familia del joven asesinado, informó ayer a la tarde, al finalizar la diligencia, que hubo tres reconocimientos positivos, al tiempo que consideró que existe «un pacto mafioso» entre los rugbiers y se mostró confiado en que «alguno de ellos hable».
Fuentes de la investigación indicaron que el detenido Luciano Pertossi (18) fue reconocido por dos testigos como la persona que vieron aplicarle puñetazos a Báez Sosa (19) afuera del boliche «Le Brique».
Luego, Ayrton Viollaz (20) fue señalado también por dos testigos como quien «arengaba» a los agresores en la vía pública; en tanto a Matías Benicelli (20), un sólo testigo lo identificó como parte del grupo de rugbiers aunque no le asignó un rol específico en el ataque.
De esta manera, siguen siendo tres los detenidos que no fueron identificados en ninguna de las tres jornadas de reconocimientos realizadas hasta ahora: Alejo Milanesi (20), Blas Cinalli (18) y Juan Pedro Guarino (19).
Respecto a uno de ellos, el abogado Fabián Améndola, socio de Burlando en representación del particular damnificado, explicó: «Sabemos que en las imágenes (de las cámaras de seguridad con las que se hará una identificación facial) se lo va a reconocer».
En tanto, el martes habrá una cuarta -y última- jornada de ruedas de reconocimientos ante otros cuatro testigos.
Además, de Luciano Pertossi, Viollaz y Benicelli, también fueron identificados en las rondas del jueves y viernes últimos Máximo Thomsen (20) y Enzo Comelli (19), como quienes atacaron físicamente a Báez Sosa; Ciro Pertossi (19); y Lucas Pertossi (20.)
El undécimo acusado es el remero Pablo Ventura (21), para quien, su abogado Jorge Santoro, pidió ayer su sobreseimiento ya que no fue reconocido por ninguno de los testigos.
Este joven, que estuvo preso y luego fue liberado, reside en Zárate al igual que los rugbiers que siguen detenidos y contó que no entiende por qué lo involucraron en el crimen y que hace cuatro años tuvo «solamente un cruce de miradas» con uno de ellos en un boliche de dicha ciudad.
Por su parte, una joven identificada como Andrea Ranno, quien declaró como testigo en la causa y aportó información «clave» para localizar la vivienda en la que se hospedaban los rugbiers acusados, relató que la noche del homicidio escuchó que los jóvenes imputados narraban «una pelea que habían tenido» y que «se reían de que le habían roto la jeta a uno».
Esta testigo trabajaba como recepcionista del hotel Inti Huasi, ubicado a media cuadra de «Le Brique», y recordó que minutos después del ataque a Báez Sosa vio pasar a al menos ocho de los acusados desde allí, lo que le permitió aportar precisiones a los investigadores sobre «la casa donde podían estar» alojados.
Por otra parte, comenzó el peritaje a los 11 teléfonos celulares secuestrados a los imputados en la Agencia Regional de la Policía Federal Argentina (PFA), ubicada en la Escollera Norte de Mar del Plata, con el objetivo de analizar el contenido de los mismos.

La cárcel.
Una vez que finalicen las ruedas de reconocimiento, los diez rugbiers detenidos serán trasladados al sector de alcaidía de la Unidad 6 de Dolores, donde no tendrán contacto con el resto de la población carcelaria.
Los jóvenes permanecerán allí bajo estricta vigilancia y control hasta que el juez les dicte la prisión preventiva en caso de corresponder y entonces se los asigne a otras unidades, según supo NA de fuentes penitenciarias.
La cárcel de Dolores cuenta con 875 internos alojados y cerca de 480 agentes penitenciarios trabajando. Dispone de 12 pabellones y el sector de alcaldía al que serán llevados los rugbiers. (Télam)

«Ley Fernando»
Un mismo proyecto de «mano prohibida» comenzará a tratarse en las legislaturas porteña y bonaerense para coordinar acciones entre el Estado, clubes y federaciones con el objetivo de concientizar y sancionar a aquellos deportistas que aprovechen su condición física para generar daño a otras personas. El debate de la «Ley Fernando» comenzará focalizado en el rugby, tras el crimen del joven Fernando Báez , pero podrá extenderse también a las artes marciales o el boxeo.
«La idea es que un deportista que se entrena, que tiene una superioridad física que va por encima del promedio de la sociedad, tiene que ser responsable socialmente», indicó el legislador porteño Leandro Santoro (Frente de Todos) respecto del espíritu de la norma.
El proyecto también será presentado en la legislatura bonaerense, donde lo impulsará el diputado Daniel Lipovetzky, por lo que una primera reunión de puesta en común de la iniciativa se realizará con la Unión de Rugby de Buenos Aires.