Senado aprobó la ley de emergencia

La Cámara de Senadores convirtió el sábado en la madrugada en ley el proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública que contempla una serie de cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. La iniciativa fue aprobada por 41 votos a favor, 23 en contra y una abstención tras un debate de más de ocho horas en el que 33 senadores, sobre 65 presentes, hicieron uso de la palabra.

 

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo recibió el apoyo de la bancada del Frente de Todos y de sus aliados, como Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), pero también del santafecino Carlos Reutemann integrante del interbloque Juntos por el Cambio como representante del bloque Santa Fe Federal. En contra lo hizo el resto del interbloque de Juntos por el Cambio, en tanto que la riojana María Vega, quien ayer juró como reemplazante de la radical Olga Brizuela y Doria (electa intendenta de La Rioja), se abstuvo.

Jubilaciones y dólar.
El proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva contempla la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020, para aplicar medidas ante la crisis económica y social y sentar las bases para promover el desarrollo productivo. Dentro de las medidas que el Ejecutivo anunció que tomará, están:
Suspender por 180 días la fórmula de movilidad jubilatoria que rige desde 2017, durante esos seis meses el Poder Ejecutivo podrá fijar trimestralmente, de manera discrecional, el incremento de los haberes previsionales. Crea una comisión de la que participarán legisladores y expertos para elaborar un nuevo método de actualización jubilatoria, que será enviado como proyecto de ley al Congreso para su sanción.
Además, crea un nuevo impuesto, denominado PAIS (Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria), que regirá por cinco años. Se trata de un tributo del 30% para la compra de dólares para atesoramiento, compras en el exterior, compra de servicios que operen en el exterior y compra de pasajes al exterior. De este gravamen, el 70% será destinado a la seguridad social y el 30% a obras de infraestructura. Cabe aclarar que se excluirán del alcance del impuesto PAIS las transacciones efectuadas con anterioridad a la ley. Según una reforma introducida en el debate en Diputados, se exceptuó del nuevo impuesto al transporte internacional tanto aéreo como terrestre y acuático, que sea abonado en pesos y que no tenga impacto cambiario.

 

Retenciones.
En cuanto a las retenciones, se sube del 30% al 33% el tope para la alícuota de derechos de exportación de la soja; del 12% al 15% para el maíz; y se lleva al 5% para productos industrializados de economías regionales. Para los hidrocarburos y la minería, el techo que actualmente es del 12% baja al 8%.
En la Cámara de Diputados se incorporó un agregado para facultar al Poder Ejecutivo a establecer "mecanismos de segmentación y estímulo tendientes a mejorar la productividad" de pequeños productores. A su vez, se fijarán "criterios que estimulen la competitividad de la producción federal".
Otra reforma es que el Ejecutivo deberá informar la modificación de las alícuotas ante una comisión integrada por miembros del Poder Legislativo, el Consejo Federal Agropecuario, y organizaciones del sector. Las alícuotas aumentadas no serán aplicadas a los distritos declarados en emergencia agropecuaria.
El 67% de los incrementos en las retenciones será destinado a la Anses, mientras que un 3% será para la creación de un "fondo solidario de competitividad agroindustrial" para estimular la actividad de pequeños productores y cooperativas a través de créditos. Esta compensación será administrada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

 

Salario, tarifas y pymes.
En tanto, establece la facultad de "disponer en forma obligatoria que los empleadores del sector privado abonen a sus trabajadores incrementos salariales mínimos". En el marco de la emergencia energética, el Ejecutivo tendrá un plazo de seis meses para revisar el esquema tarifario, y podrá intervenir por un año del ENRE y el Enargas. Se suspenden también los traspasos de Edenor y Edesur a la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.
Por su parte, la ley estableció planes de regularización de deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social para pymes. (Télam/Tiempoar.com.ar)