Senado inicia debate por movilidad

El proyecto de ley que modifica el índice de movilidad jubilatoria comenzará a ser debatido la semana próxima en comisiones y llegaría al recinto virtual de la Cámara alta en la segunda semana de diciembre, para lograr su sanción antes de fin de año, estimaron fuentes parlamentarias. La iniciativa, elaborada en base al trabajo de una comisión mixta, comenzará a utilizarse desde 2021 cuando venza el actual período de emergencia en la materia, y contempla un aumento semestral mediante una fórmula que combina los índices de evolución de los salarios (50%) y la recaudación (50%), vigente durante el gobierno de Cristina Fernández (2007-2015).
«El objetivo es sancionar esta ley antes de fin de año para que se otorgue el primer aumento por esta fórmula en marzo de 2021, en base a la evolución de los salarios y la recaudación», señaló el presidente de la comisión mixta de Movilidad Previsional, Marcelo Casaretto (Frente de Todos).
El texto fue elaborado en base a la propuesta de 131 páginas elevada por esa comisión, creada por la Ley 27.541 de Solidaridad Social e integrada por 17 miembros (legisladores del oficialismo y de la oposición y funcionarios nacionales), que mantuvieron 17 reuniones y recibieron a 24 expositores. En su mensaje al Congreso, el Poder Ejecutivo señala que «a fin de hacer más justo, equitativo y sostenible el sistema, se propone modificar la periodicidad de la aplicación del índice de actualización de las remuneraciones, insumo necesario para el cálculo del haber inicial de jubilados y pensionados».

Propuesta oficial.
«La fórmula de movilidad debe ser leída como parte del programa macroeconómico para la reconstrucción argentina y no como una medida aislada de su contexto social, económico y político y que se expresa en un proceso cuyo norte es no dejar atrás a los sectores más vulnerables y que requiere de una alta dosis de responsabilidad para no volver a caer en profundas decepciones», remarca.
El mensaje está firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y los ministros Martín Guzmán (Economía) y Claudio Moroni (Trabajo). «A la luz de esos valiosos aportes, creemos haber alcanzado una síntesis que permite definir una nueva fórmula: por un lado, recupera lo mejor de experiencias ya transitadas, y por otro incluye las nuevas condiciones que nos impone Ia presente coyuntura», sostiene. Además, el proyecto busca «el criterio que pondera en un 50% salarios y en un 50% Ia recaudación tributaria de Anses, con el objetivo de recuperar el equilibrio del sistema en función de sus fuentes de financiamiento».
«La consideración de la Ripte como único índice salarial y la consideración de valores homogéneos de las variables involucradas en la fórmula para calcularlas entre dos períodos, para evitar que los resultados sean sensibles a decisiones de política tributaria o políticas de la seguridad social, así se minimizan efectos no deseados sobre la movilidad derivados de cambios en la política tributaria, en la distribución federal de recursos o en las condiciones de acceso a los beneficios», según destaca el texto.
También remarca el hecho de «volver a una actualización semestral que permitirá acompañar un proceso de desindexación de la economía» y «reducir en tres meses el rezago de las principales variables involucradas». Para el Poder Ejecutivo «el salario, al estar ligada su actualización a las negociaciones colectivas entre el sector trabajador y el sector empleador, favorece la cohesión y justicia social enlazando los intereses de nuestros adultos mayores en situación pasiva con los de la fuerza laboral activa».
«En suma, la vinculación entre la evolución de los haberes jubilatorios y los salarios, fortalece la concepción de la Seguridad Social como sistema justo y solidario, estrechamente articulado al mundo del trabajo, teniendo en consideración, además, que el sistema previsional obtiene su financiamiento principalmente de las cotizaciones sociales», concluyeron.
(Télam)