Sigue el debate en el Senado

El Senado de la Nación realizará el martes la tercera audiencia sobre el proyecto de Ley de Reforma Judicial que el Poder Ejecutivo envió al Congreso con la presencia, a través de videoconferencia, de la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.
La reunión comenzará a las 14 y, cuando finalice la intervención de la funcionaria, se pasará a escuchar a los invitados que fueron propuestos tanto por el oficialista Frente de Todos, como la oposición de Juntos por el Cambio.
La decena de invitados, a excepción de la ministra, tendrá un tiempo limitado de exposición que ronda los diez minutos. Luego de Gómez Alcorta será el turno de la directora Ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky.
A continuación, se presentará el fiscal en lo Criminal y Correccional Federal de la ciudad de Buenos aires, Carlos Rívolo, quien además es el presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez, uno de los integrantes del consejo asesor creado por el Poder Ejecutivo para impulsar cambios en la administración de justicia y en la forma de trabajo de la Corte Suprema de Justicia, también será parte de la jornada del martes.
También fueron convocados a la audiencia Jorge Rizzo, de Espacio Gente de Derecho; la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, y el exconsejero de la Magistratura, Alejandro Fargosi, quien presentará sus opiniones como parte del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
Finalmente, participarán de la videoconferencia la fiscal de los Tribunales Federales de Comodoro Py, Gabriela Baigún; el presidente del Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, Fernando Díaz Cantón; y la fiscal Mónica Cuñarro.

Apoyo.
La Junta Nacional de Presidentes de Tribunales Orales Nacionales apoyó la iniciativa de una reforma judicial pero alertó que el proyecto de ley no contempla algunas circunstancias que podrían afectar negativamente el servicio de justicia.
Reunidos en acuerdo virtual, los seis magistrados miembros de la comisión ejecutiva, evaluaron que el proyecto de reforma del Poder Ejecutivo «constituye una oportunidad para que el aporte de todos los actores involucrados en el sistema de justicia muestre que el consenso puede sacar lo mejor de los argentinos».
«Esta junta coincide en la necesidad de modernizar la justicia federal, así como también en el avance hacia un sistema acusatorio», definieron luego.
No obstante, señalaron también que «poco es lo que define (el proyecto) en relación con los órganos que hoy tienen a su cargo el juzgamiento de los delitos comunes en esta ciudad, los magistrados y magistradas que hoy los ocupan, y la suerte de los procesos bajo su jurisdicción».
«Sólo establece -continuaron los magistrados- la abstención del Consejo de la Magistratura para cubrir las nuevas vacantes que se produzcan en los tribunales orales nacionales y la indicación para que, previa autorización de la Corte Suprema, los que se encuentren vacantes a la sanción de la ley o cuya vacancia se produzca después, sean retirados del sistema de asignación de causas».
Los jueces remarcaron a este respecto que si bien es cierto que la ley prevé un lapso de cuatro meses para que los magistrados trasladados firmen el consentimiento, nada dice sobre el destino de quienes no acepten el traslado al Poder Judicial de la Ciudad.
Estas consideraciones sobre el proyecto de reforma judicial fueron firmadas por los jueces Gabriel Vega, Adrián Pérez Lance, Hugo Cataldi, Sergio Paduczak, Federico Salvá y Luis Altieri. (Télam)