Solicitaron el desafuero de legisladora Aída Ayala

PROCESAN A DIPUTADA OFICIALISTA POR LAVADO DE DINERO

Una jueza federal de la provincia de Chaco dispuso el procesamiento con prisión preventiva de la diputada nacional Aída Ayala (UCR-Cambiemos), acusada de lavado de activos cuando ejerció como intendenta de Resistencia.
El procesamiento con prisión preventiva de Ayala fue dictado por la jueza federal Zunilda Niremperger, quien también dispuso similares medidas para el líder del Sindicato de Municipales de Resistencia, Jacinto Sampayo y los empresarios Carlos Huidobro y Pedro Alberto Martínez, entre otros.
La misma medida fue aplicada a Alejandro Fischer, Patricia Vázquez, Rolando Javier Acuña y Fátima Rigassio, el resto de los imputados en la causa. Así lo informaron fuentes judiciales que precisaron que la jueza ordenó además embargos a distintas empresas bajo investigación y la inhibición general de bienes de Ayala y del resto de los procesados.
Ayala, quien tenía previsto fundamentar su pedido de eximición de prisión ante la Cámara Federal de Apelaciones, no pudo presentarse debido a una indisposición por la que debió ser internada en un sanatorio de Resistencia, indicaron allegados de la diputada.
No obstante, su abogados defensores, encabezados por el ex camarista Ricardo Gil Lavedra, presentaron una apelación documentada al tribunal de alzada.

Desafuero.
La Cámara de Diputados tiene pendiente de definición el pedido de desafuero de Ayala formulado por la Justicia federal, sobre el que debe pronunciarse la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el oficialista Pablo Tonelli. Gil Lavedra consideró que es “arbitrario” el pedido de desafuero cursado por la jueza Niremperger.
En este sentido, señaló que la apelación presentada ayer por la mañana explica “las razones” por las cuales la defensa de Ayala entiende que “no hay ningún motivo” por el cual la legisladora “deba estar detenida”, ya que hace falta “que los médicos la autoricen, para que pueda aportar todas las pruebas que demuestran su ajenidad a los hechos que se le imputan”.
“El pedido de desafuero es absurdo ya que hay una ley que estipula que los legisladores pueden prestar declaración indagatoria sin que se proceda a esto”, remarcó.
Afirmó además que no entiende por qué la investigación está en el ámbito de la Justicia Federal ya que hay “muchas dudas” sobre la comisión del delito de lavado de dinero que se imputa a la legisladora oficialista.
Sin embargo, por requerimiento del fiscal federal Patricio Sabadini, la jueza chaqueña dispuso el pedido de detención y solicitó el desafuero de la legisladora de Cambiemos.

Causa.
La radical está acusada por presunto “lavado de activos, agravado por habitualidad, por ser miembro de una banda y funcionario público”, en calidad de autora, en concurso real con los delitos precedentes de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función publica, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración publica e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Puntualmente, está señalada como la “jefa de una banda” destinada a beneficiarse a través del pago de sobreprecios a proveedores de servicios públicos cuando se desempeñaba como intendenta de Resistencia. (Télam-NA)