Tregua con los movimientos sociales

El Gobierno puso ayer en marcha el "Programa de Transición al Salario Social Complementario", a partir del cual los trabajadores comprendidos en programas de empleo del Ministerio de Trabajo serán reencuadrados bajo el régimen de la Ley de Emergencia Social sancionada a fines del año pasado, por lo que comenzarán a percibir "en forma directa" y bancarizada una asignación no remunerativa de 4 mil pesos mensuales.
Luego de la reunión del 23 de marzo pasado con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y con el vicejefe de Gabinete Mario Quintana, en la que los representantes de las organizaciones sociales se fueron con el compromiso de que el Gobierno comenzaría este mes con la aplicación de la Ley de Emergencia Social, finalmente este lunes fue publicada en el Boletín Oficial la resolución que estipula una "ayuda económica no remunerativa de 4 mil pesos para su disponibilidad a través de una tarjeta magnética".
Ante la seguidilla de protestas que durante febrero y marzo protagonizaron la CTEP, Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista Combativa, denunciando el incumplimiento de la ley de Emergencia Social, finalmente la cartera de Stanley resolvió destinar los fondos comprometidos y de esa manera apaciguar el conflicto en la calle.
Se trata de los 10 mil millones de pesos por año que el Gobierno había pactado en diciembre pasado con los movimientos sociales a cambio de un fin de año con "paz social" y que tomó cuerpo en la elaboración de la mencionada ley, que contó con el apoyo transversal de la totalidad de los bloques de ambas Cámaras.
El coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, explicó que en la mayoría de los casos no se trata de ingresos adicionales sino de un reencuadre de haberes preexistentes en un nuevo "marco regulatorio", que tiene como autoridad de aplicación al Ministerio de Desarrollo Social.
Esto supone que a partir de abril, la totalidad de programas de empleo y ayudas económicas, que antes se repartían entre las carteras de Trabajo y Desarrollo Social, ahora se unifican en un solo régimen centralizado por el Ministerio que dirige Stanley.
Más allá del alcance por el momento acotado de esta reingeniería administrativa, Menéndez se mostró "satisfecho" con los avances ya que abre la puerta a que en el corto plazo pueda incorporarse al régimen una gran cantidad de trabajadores de la economía popular que no están incluidos en ningún plan o programa gubernamental. (NA)