«Tres años, tres meses»

La Secretaría de Derechos Humanos consideró ayer que el Estado «debe mejorar sus herramientas disponibles para prevenir las desapariciones de personas en democracia y fortalecer los procesos de búsqueda», en un comunicado emitido con motivo de cumplirse tres meses de la desaparición de Facundo Astudillo Castro y tres años del caso de Santiago Maldonado. En un texto que lleva el título «3 años, 3 meses», el organismo que encabeza Horacio Pietragalla Corti remarcó que estas desapariciones «obligan al Estado a comprometerse con la verdad, la justicia y la reparación integral a las víctimas y sus familiares».
«La desaparición (ocurrida el 1 de agosto de 2017) y muerte de Santiago tuvo lugar en un contexto de creciente criminalización de la protesta social y en el marco de un operativo de represión con características irregulares, realizado por una fuerza de seguridad federal. El discurso de las autoridades políticas de aquel momento buscó legitimar el accionar represivo», se sostiene en el comunicado. En ese sentido, se recuerda que «lejos de realizar un acompañamiento integral a la familia de Santiago, se adoptaron medidas que estigmatizaron a la víctima y obstaculizaron la búsqueda de la verdad. Estas circunstancias provocaron que, hace pocos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicite al Estado argentino que explique la denuncia presentada por la familia de Santiago frente al organismo internacional».
En tanto, «la desaparición de Facundo Astudillo Castro ocurrió (el pasado 30 de abril) en un contexto de graves casos de violencia institucional que se registraron en el país durante los meses de cuarentena». «Tal como esta Secretaría ha dejado en claro en sus respuestas a los organismos internacionales, el proceso de búsqueda y el desarrollo de la investigación judicial deben abordar en detalle cada una de las posibles hipótesis que puedan dar con su localización y determinar todas las responsabilidades que correspondan», se sostiene sobre el joven, en cuyo caso se investiga si está involucrada la policía bonaerense. Por eso, se insiste que «como ha reclamado la familia de Facundo», se debe «investigar con seriedad la posibilidad de que estemos ante una desaparición forzada».

Cambio de posición.
En otro orden, el material consigna que a raíz «una petición presentada por la familia de Santiago Maldonado ante la CIDH», la Secretaría tomó «la decisión de ofrecer a la familia el inicio de un proceso de solución amistosa». «Esto implica un cambio radical en la posición que mantuvo el Estado respecto a los hechos sucedidos, a través del reconocimiento de que se trata de un caso de extrema gravedad, que no debe transitar por la vía contenciosa del sistema interamericano. También demuestra la voluntad de contribuir con la familia de Santiago en el esclarecimiento de los hechos y en la búsqueda de una reparación integral por lo sucedido», se aseguró.
«A partir del 10 de diciembre, como dijo el presidente Alberto Fernández, los derechos humanos volvieron a constituir la columna vertebral del Estado argentino en su conjunto. Por eso, la protección y el apoyo a las víctimas de violaciones a los derechos humanos deben ser una política de Estado», finaliza el documento

Diputados.
Por su parte, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un proyecto que expresó «preocupación» por la desaparición del joven Facundo Astudillo Castro y reclamó que «se investigue y establezcan las responsabilidades en el caso judicial». Durante la sesión, diputados del interbloque Juntos por el Cambio solicitaron un apartamiento del reglamento para tratar el caso de la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, algo que se negoció entre los bloques durante un cuarto intermedio.
Se acordó emitir un documento, que fue votado por unanimidad, donde el cuerpo «manifestó su más sentida preocupación» por los tres meses cumplidos de la «desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, joven de 22 años, quien fue visto por última vez hace 90 días». (Télam/NA)