UBA no puede pagar servicios

Más de 3 millones de usuarios de todo el país ya accedieron al beneficio de la tarifa social en el consumo de energía eléctrica, y 1,6 millones de hogares se mantienen en esa franja tarifaria subsidiada en el caso del gas, aseguró ayer el ministro de Energía, Juan José Aranguren.
"La tarifa social que implementó este gobierno es muy superior a la que había antes", afirmó Aranguren, quien precisó que "en el sector eléctrico tenemos 3.250.000 usuarios que accedieron a la tarifa social, y en el caso del gas 1.600.000, son menos porque no todos en el país tienen acceso a la red de gas natural".
La tarifa social de la luz, se ofrece a quienes consuman 150 kilovatios hora por mes, y quienes califican pagan $14 por mes para un consumo de 83 KwH y $43 por uno de 201 KwH mensuales, con impuestos incluidos.
Con la tarifa social del gas, por ejemplo, en Buenos Aires se paga $48 en lugar de $131, y en Córdoba $77 en vez de $253.
Aranguren destacó que "el valor absoluto de la boleta es importante", en referencia a los aumentos de tarifas que ya llegaron a los hogares, pero remarcó que "hay que tener en cuenta el valor relativo de esa boleta, que se obtiene en función del lugar, de cómo era la tarifa antes, y de cuál es el precio en otras partes del país".
"Todo tipo de preocupación que exista nosotros la vamos a canalizar. Vamos a tratar de resolver los problemas a medida que van apareciendo", afirmó el ministro.
Aseguró que "es una necesidad haber recompuesto las tarifas", porque explicó que "caso contrario, íbamos a seguir deteriorando la situación y la inversión no iba a estar disponible para lograr disminuir los cortes de energía eléctrica y de gas".

UBA.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) manifestó su rechazo al criterio impuesto por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para distribuir los 500 millones de pesos asignados por el gobierno nacional y aseguró que con la suma que le asignaron "se le dificultaría" cubrir el pago de los servicios públicos.
La UBA destacó que el criterio impuesto por el CIN "distorsiona lo que cada universidad debe recibir", por lo que elevó este reclamo "al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Políticas Universitarias quienes, en definitiva, son los únicos que poseen la potestad de distribución de partidas", detalló la casa de altos estudios en un comunicado.
Indicó además que la UBA "dejó en claro esta postura en la última reunión de la comisión de Asuntos Económicos del CIN" en donde propuso que los fondos "se distribuyan de acuerdo al impacto de la actualización de las tarifas".
El CIN se reunió el martes y sugirió al Ministerio de Educación que la distribución de esos fondos se realice 400.000.000 de acuerdo al modelo de pautas que habitualmente sigue el organismo y 100.000.000 para casos que no estén contempladas en ese modelo. (Télam)