Miércoles 24 de abril 2024

Una causa que ya lleva dos años

Redaccion 03/03/2021 - 21.45.hs

La jueza federal María Eugenia Capuchetti tiene a su cargo desde hace dos años una investigación por la deuda externa contraída durante el gobierno de Mauricio Macri (Cambiemos). En ese expediente interviene como juez de la Cámara Federal de Casación Penal, máxima instancia de revisión previa a la Corte Suprema, Gustavo Hornos, a quien su colega Alejandro Slokar le pidió en las últimas horas que presente su renuncia (es el presidente del tribunal) por sus reuniones con Mauricio Macri durante su gestión presidencial.
De hecho, Hornos fue uno de los que rechazó la pretensión del denunciante de convertirse en «querellante» para impulsar así la investigación. El autor de la presentación original es el abogado Daniel Valmaggia, y su denuncia se acumuló luego con actuaciones impulsadas, entre otros, por Juan Grabois, el actual titular del Banco Nación, Claudio Lozano, la diputada Fernanda Lozano y hasta la Unidad de Información Financiera (UIF). La abogada que patrocina a la pretendida querella es la legisladora Myriam Bregman (PTS).

 

Medidas de prueba.
El fiscal federal Franco Picardi le dio impulso a la investigación y propuso una serie de medidas de prueba, algunas de las cuales se encuentran en ejecución. La jueza Capuchetti solicitó los expedientes sobre toma de deuda al Ministerio de Economía y a la Auditoría General de la Nación (AGN).
Pero hay otro medida requerida por Picardi que aún no fue ordenada y que resultaría fundamental para el avance del expediente: una auditoría integradora del Banco Central, la AFIP y la AGN.
Hasta ahora, la causa ha seguido un trámite fatigoso, cuyo principal resultado resulta la negativa a aceptar al abogado Valmaggia como querellante, porque en todas las instancias, el Poder Judicial consideró que no es un «particular damnificado». Valmaggia había advertido que «el marco imputativo incluye todo el endeudamiento externo tomado por el gobierno del ex presidente Mauricio Macri, y no sólo al contraído con el FMI, que habría afectado la disponibilidad del producido de su trabajo y el de su grupo familiar, ya que tiene que disponer mayores recursos para el pago de la deuda y en consecuencia se vio afectado su patrimonio y su derecho de propiedad».
La presentación de Valmaggia también contempla «las sucesivas devaluaciones llevadas a cabo por parte de dicho gobierno durante todo el período que va de diciembre de 2015 hasta finales del mandato del 2019», al tiempo que considera que «ambos hechos (toma de deuda y devaluaciones) habrían beneficiado a los funcionarios, sus familiares y socios, en tanto que lo habrían empobrecido a él y a su grupo familiar afectando directamente su patrimonio y forma de vida»

 

Sucesivos rechazos.
Además, advirtió que «como ciudadano argentino fue perjudicado directo de las consecuencias de los hechos ilícitos denunciados, toda vez que a quienes principalmente afecta el endeudamiento externo es a los ciudadanos particulares y sus familias, porque dicha deuda recae sobre sus espaldas, economía, patrimonio y actividad económica». Sin embargo, el argumento no tuvo acogida, pese a que escaló hasta la Cámara de Casación.
El 23 de septiembre pasado el tribunal confirmó el rechazo a su pedido de ser aceptado como querellante. La Cámara de Casación consideró que «se ha omitido el relato, al menos en lo sustancial, de la plataforma fáctica y jurídica que resultara objeto de proceso, requisito ineludible cuando lo que se pretende es, justamente, el error en la aplicación de las disposiciones sustantivas o adjetivas respecto de los hechos acreditados. Y tampoco se ha efectuado una referencia a aquellos específicos argumentos que demostrarían que el recurrente reúne el carácter de particular ofendido por la conducta por él imputada».
El juez que elaboró los fundamentos del rechazo fue, precisamente, Hornos, quien reconoció ante sus pares haberse reunido en al menos seis oportunidades con el entonces presidente Macri durante su mandato presidencial, en fechas coincidentes con fallos que involucraban a la actual vicepresidenta, Cristina Fernández. (NA)

 

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