Una familia teme posible desalojo

CRISIS HABITACIONAL

En cuatro días los cinco integrantes de la familia quedarían sin hogar. La madre asegura que nadie le quiere alquilar, y que, además, no se ha demostrado quién es el propietario del inmueble.
Eva González, de 47 años, vive desde hace cuatro años con sus cuatro hijos, dos varones de 25 y 19 años, y dos adolescentes mujeres de 16 y 14 años, en una pequeña casa de Toay, ubicada sobre Avenida Perón y Pedro Paris.
Hace un año que no consigue trabajo, su hijo mayor aporta dinero con diversas “changas” que son cada vez más escasas, y subsisten con una pensión que recibe Eva cada mes. Ahora, le llegó una orden de desalojo que se concretaría en los próximos cuatro días, por lo que teme quedar en la calle.
Según relata la mujer, una señora hace cuatro años le hizo un contrato para que alquile la pequeña vivienda. Ella aceptó. Un mes no pudo pagarle, por las remodelaciones que le había hecho al hogar. Por este motivo discutieron, y la señora, que decía ser la dueña, desapareció por un tiempo prolongado.
Al cabo de dos años, apareció un hombre con su esposa, asegurando que el inmueble era de su propiedad, de modo tal que realizó una denuncia para que desalojen a la familia. Sin embargo, esa posibilidad se disolvió rápidamente porque el señor no pudo demostrar que era dueño.
Nuevamente apareció la señora que le había hecho firmar el contrato, pero ahora con un juicio de desalojo en la mano. El argumento utilizado en la orden, según relata Eva que le dijo su propia abogada, es que “como ella me metió en la casa, ella me puede sacar”.
Esto, naturalmente, le resultó muy extraño a Eva. Entonces averiguó en la Dirección General de Catastro, de quién era el inmueble, y le informaron que “estaba en estado de sucesión”. Asimismo, buscó ayuda en la municipalidad de Toay, pero “nunca me atendieron”, aseguró.
En tanto, se quiso asesorar con la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, pero solo le dijeron que se quede “tranquila”; y además, el abogado que representa a quienes la quieren desalojar, le habría dicho que “se vaya mejor por las buenas, porque por las malas iba a ser peor”.

“Nadie me alquila”.

Eva González tuvo que dejar de trabajar de empleada doméstica hace un año por problemas de salud. Ha estado internada y fue operada. Ahora que está recuperada, sin embargo, no puede conseguir trabajo, porque “nadie me toma”.
Su ex pareja tampoco la ayuda, “ni siquiera con la cuota alimentaria para los hijos”. Junta por mes aproximadamente 11 mil pesos de una pensión, aunque por un préstamo que pidió hace mucho tiempo le descuentan 3 mil pesos.
Ha buscado casas y departamentos, pero afirma que nadie le quiere alquilar, porque su sueldo es inembargable. “Nadie me alquila, nadie lo quiere hacer, porque el dinero que recibo de la pensión no se puede embargar, y porque tengo que tener un trabajo y estar en blanco”, cuenta la madre oriunda de Toay.
“Me dicen que me quede tranquila, pero yo me desespero por los días que me quedan acá, y porque nadie me da una mano”, concluye Eva González, angustiada, en su pequeña casa, a solo cuatro días para que la saquen de su vivienda, según le informan en el comunicado del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería Nº 5.