viernes, 18 septiembre 2020
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Una testigo dijo que fue intimidada por un acusado

JUICIO A LA TRIPLE A EN BAHIA BLANCA

El juicio contra la Triple A en Bahía Blanca continúa desarrollándose en forma virtual. La semana pasada hubo audiencias. Lo más destacado fue lo que contó María Cristina Leiva, una testigo, durante uno de los debates, pues declaró que luego de ser convocada para prestar esa declaración, recibió una llamada telefónica de uno de los acusados, el ex piloto de speedway Juan Carlos Curzio. La testigo dijo sentirse intimidada y los fiscales de la causa decidieron pedir la detención de imputado.
Sin embargo, el Tribunal que lleva adelante el juicio de lesa humanidad, integrado por dos jueces pampeanos, impuso a Curzio la prohibición de comunicarse y no hizo lugar al pedido de detención del auxiliar fiscal Pablo Fermento, quien resaltó el miedo de muchos de los testigos frente a la organización criminal aún en la actualidad, lo que en algunos casos los determinó a no participar de las audiencias.

El llamado.
La testigo que realizó el preocupante relato fue convocada para declarar por el caso de Mario Pojomovsky, comerciante de la ciudad y militante del Partido Comunista, que fue baleado mientras circulaba en su vehículo el 29 de julio de 1975. La víctima falleció veinte días más tarde en un centro de salud.
La mujer, hija de un dirigente gremial ferroviario y amigo de la víctima, relató que este año recibió un llamado telefónico de Curzio, luego de que fuera citada a brindar declaración testimonial y de que el debate se suspendiera en razón de la pandemia. Dijo que previo haberse comunicado al teléfono de su socia comercial con intención de hablar con la testigo, Curzio la llamó a su casa sin dar a conocer el motivo del llamado.
Explicó que el acusado se presentó únicamente por el nombre de pila y, tras la insistencia de la testigo por saber de quién se trataba, éste le manifestó que se conocían por haber frecuentado una cantina que ella explotaba en el barrio de Ingeniero White. Al caer en la cuenta de que se trataba del imputado e increparlo por los delitos que se le atribuían, éste le dijo que lo habían involucrado «por un dinero», tras lo cual la testigo interrumpió la comunicación.

Pedido rechazado.
El episodio motivó el pedido de detención de Curzio por parte de la Fiscalía. Fermento argumentó que, sin existir relación previa de trato con la testigo y sin que ésta le hubiera proporcionado su teléfono, la llamada no podía tener otro propósito que el de intimidarla y condicionar su testimonio.
Al respecto, señaló que es notorio el miedo que muchos de los testigos albergan aún en la actualidad frente a la organización criminal investigada, lo que en muchos casos resulta impeditivo para prestar testimonio en el juicio, situación que incluso -según el fiscal- determinó el desistimiento de testigos que, por tal motivo, expresaron su voluntad de no participar en el proceso.
El pedido no tuvo acogida del tribunal, que no obstante, durante la audiencia del 30 de julio impuso al acusado la prohibición de comunicarse y contactarse por cualquier medio con los testigos del proceso penal, bajo la condición de disponer la prisión preventiva en unidad carcelaria. A su vez, solicitó al Programa Verdad y Justicia que informara sobre los temores expresados por los testigos notificados.

La patota.
Las audiencias de la semana pasada abordaron los homicidios de Pojomovsky, David Cilleruelo y Luis Jesús García. Los debates se realizaron el miércoles y el jueves de la semana pasada en dependencias de la Universidad Nacional del Sur. Las jornadas contaron con la participación Fermento, en representación del Ministerio Público Fiscal, quien interviene junto al fiscal general Miguel Ángel Palazzani y el fiscal ad hoc José Alberto Nebbia.
En la causa se juzga la responsabilidad de Curzio, Héctor Ángel Forcelli, Osvaldo Omar Pallero y Raúl Roberto Aceituno, acusados de haber formado parte de una asociación ilícita a la que se le atribuyen 24 asesinatos cometidos entre 1974 y 1975. Entre las 24 víctimas hay tres pampeanos, aunque en las audiencias que se realizaron hasta ahora esos casos no fueron abordados.
Se trata de Carlos Davit, quien se fue de Guatraché hacia la ciudad portuaria a estudiar la carrera de Contador Público Nacional, y Hugo Ardiles y Orlando Walker, quienes dejaron sus pueblos, Rolón y Jacinto Arauz, respectivamente, para irse a trabajar como obreros de la construcción en Bahía.
Las audiencias de juicio continúan el 11, 12 y 13 de agosto.