Vicentin: bancos exigen pago de deuda

Un pool de bancos internacionales que reclama una deuda de $33.137 millones a la empresa Vicentin, logró que la justicia de Estados Unidos autorice un proceso de descubrimiento (discovery) de activos relacionados con la firma agroexportadora, ante el impago que enfrentan y a la búsqueda de recabar detalles sobre los movimientos financieros de la firma.
Este proceso, que se desarrolla en los tribunales de Nueva York, es independiente del concurso preventivo que se tramita en la Justicia santafesina por acreencias que ascienden a $99.345 millones, que corresponden a la deuda verificada hasta el momento por 2.368 acreedores de Vicentin SAIC, de acuerdo a fuentes judiciales locales.
El discovery, como se denomina al proceso de análisis de detección de activos, fue ordenado por el juez Alvin Hellerstein de la Corte del Distrito Sur de Nueva York el 14 de febrero pasado, cuatro días después de que la firma pidiera a la Justicia entrar al proceso de quiebra, con una deuda calculada en U$S 1.350 millones.
El juez Hellerstein, al aceptar el recurso, solicitó a bancos e instituciones financieras la información sobre transferencias electrónicas internacionales, ordenadas y recibidas por Vicentin, sus subsidiarias, afiliadas y sus accionistas individuales en los últimos 3 años.
La orden judicial, ocurrió antes de la decisión oficial de intervenir y expropiar la firma, y apenas unos días después de que la compañía, con eje de operaciones en la provincia de Santa Fe, solicitara el concurso preventivo de acreedores.
El proceso de revisión de activos que involucra a personas y movimientos bancarios relacionados con Vicentin fue solicitado a la justicia neoyorquina por un pool de bancos acreedores internacionales, que se reunieron en un comité y decidieron reclamar ante la Justicia frente los problemas declarados de la firma.
Hoy, el análisis de la información recibida está en proceso y será la base de las futuras medias que soliciten los acreedores, explicaron las fuentes vinculadas a ese proceso externo que enfrenta la compañía cerealera, intervenida por el gobierno argentino.
Dentro de ese comité está el Banco Mundial, con su Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo de la entidad encargado de prestar al sector privado, y el Nederlandse Financierins FMO, un banco de fomento holandés.
Además, con menos exposición, también se suman a este consorcio ING Bank, Rabobank y los franceses Natixis y Credit Agricole.
De acuerdo con la información que consta en la demanda, las acreencias en el caso del CFI alcanzan los U$S273 millones (incluyendo un crédito del Cerdit Agricole), del FMO los
U$S150 millones; del ING los U$S78 millones; del Rabobank los U$S 24 millones, del Natixis los U$S10 millones.
Dichos bancos internacionales son dueños de una deuda que en conjunto ronda los 33.137 millones de pesos, según la información oportunamente provista por la firma al magistrado estadounidense.
En ese sentido, al no tener una explicación clara por parte del management de Vicentin, en febrero de 2020, los miembros iniciaron una acción de discovery en la corte del distrito de Nueva York.

Asociados.
Tres empresas que son socias o integran el grupo Vicentin, se presentaron en el concurso de acreedores de la cerealera santafesina para reclamar el pago de unos 5.400 millones de pesos, informaron fuentes judiciales.
Pero también entre quienes verificaron créditos se cuentan, además de los acreedores comerciales y financieros, 98 accionistas de la propia firma, como Estela de Nardelli que reclama $3.406.599; Alberto Dimas Paduan que verificó $1.955.468 o Fernando Rubén Vicentin con $11.793.777.
De acuerdo al concurso judicial, Vicentin Paraguay SA, que según el informe del director del Banco Nación Argentina (BNA), Claudio Lozano, fue constituida en 2005, verificó créditos por $4.079.197.253 en el concurso que se tramita en la Justicia civil y comercial de la localidad santafesina de Reconquista.
La firma que tiene sede en San Rafael 390, en la ciudad de Asunción, reclama acreencias originadas en distintos conceptos entre el 22 de febrero y el 25 de octubre de 2019 por más de $ 4.000 millones.
El Estudio Moyano & Asociados, contratado por acreedores externos de Vicentin, presentó una denuncia penal por presunto lavado de activos en la fiscalía criminal Número 3 de Asunción, según detalla el informe de la Comisión de Seguimiento de la Empresa Vicentin de la Cámara de Diputados de Santa Fe.
También la firma Renova, en la que están asociadas la multinacional Glencore con Vicentin en dos plantas -una de biodiesel y otra de molienda de soja- verificó créditos en el concurso por $1.346.400.537, de acuerdo al expediente.
La tercera sociedad que reclama créditos impagos de Vicentin SAIC es Diferol SA, que forma parte del grupo, por $2.695.122. (Télam)