Vidal podría quedar inhabilitada

APORTANTES TRUCHOS: LA LEY ELECTORAL PREVEE SANCIONES SI NO SE PUEDEN ACREDITAR EL ORIGEN DE LOS FONDOS

Gustavo Vera, en nombre de La Alameda, ingresó al juzgado de Sebastián Casanello listados propios con cientos de casos de quienes utilizaron su interfase virtual que permitía buscarse en los listados de donantes de dinero presentados en la declaración jurada del partido ante la Cámara Nacional Electoral.
Además sumo la posibilidad de que la misma metodología recaudatoria irregular se hubiese aplicado dentro de los límites de la General Paz, para la campaña que postuló a Elisa Carrió como diputada. Pero lo que realmente preocupa al Gobierno no es el expediente por lavado de activos, sino la posibilidad de que existan sanciones electorales que puedan inhibir candidaturas.

¿Vidal imputada?.
En el fuero penal federal de Comodoro Py, Casanello avanza con las declaraciones testimoniales de 50 casos de aportantes que niegan haber donado dinero para la campaña. El fiscal electoral Jorge Di Lello aguarda para terminar el compendio de los casos testigo que tomó con los informes de Gendarmería y de Desarrollo Social y la Anses para girarlos al juzgado con competencia electoral bonaerense a cargo interinamente de Adolfo Ziulu. Recién entonces se convertirá en una causa, cuando tenga juez asignado.
Y el tercer movimiento que es mirado con temor desde la Casa Rosada, es la postura que adopte el juzgado federal platense a cargo de Ernesto Kreplak. Allí, la senadora provincial K María Teresa García denunció a Vidal como cabeza partidaria en el distrito.

Sanciones.
La Ley de Financiamiento de Partidos Políticos contempla sanciones a su incumplimiento en el artículo 63. “El presidente y tesorero del partido y los responsables políticos y económico financiero de campaña serán pasibles de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años, para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido”, cuando “no puedan acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos”. Vidal es presidenta del PRO en Buenos Aires, lo que la dejaría expuesta a una potencial sanción.
En los tiempos de la Justicia, el desarrollo de una causa que contenga todas las presuntas irregularidades por los delitos federales atribuidos demoraría mucho más que una eventual sanción que la inhabilitara como postulante. La letra de la norma la ata a la suerte del financiamiento electoral, más allá de que para los delitos penales se requiera una carga probatoria de que actuó, impartió ordenes, participó o tuvo conocimiento de alguna conducta delictual dentro del sistema recaudatorio de fondos.

Empleados.
Desde La Alameda indicaron que datos privados con los que cuentan las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires (incluyendo empleados de distintas reparticiones) “se utilizaron para generar una inmensa cantidad de aportantes falsos en las tres campañas electorales, y así justificar gastos realizados con dinero de procedencia claramente ilegal”. Puntualizaron que hubo empleados porteños que denunciaron ante la ONG que existió “sustracción de identidad” de sus nombres para hacerlos figurar como aportantes y “que los funcionarios responsables de las distintas áreas ministeriales figuran como aportantes, y que ese dinero correspondería a dinero de empresas contratistas del Estado o al mismo presupuesto de gobierno”. Sobre esta nueva hipótesis, detectaron $8.300.000 entre las tres campañas. (Ambito.com)