Advierten por obras irregulares en Cerro Amarillo

El inicio de los trabajos de exploración en la mina Cerro Amarillo sirvió para confirmar las sospechas de los ambientalistas mendocinos, sobre la existencia de intereses compartidos entre empresarios, funcionarios y grandes empresas periodísticas, para avanzar con el proyecto minero aunque cueste una grave degradación del ambiente. “Si van a darle la razón a la empresa considerando correcta cualquier mención incluida en el expediente aprobado por la Legislatura, están validando un antecedente muy peligroso”, advirtió Lautaro Jiménez, un ex senador provincial que el 22 de diciembre denunció la realización de obras irregulares sobre el arroyo El Desecho, en la zona de Los Molles.

Junto al texto aportó videos que registraban topadoras y retroexcavadoras modificado el curso de un afluente del río Salado y dañando humedales lindantes, con el objetivo de construir un camino. El asunto encendió las alarmas, tanto en el gobierno provincial como entre las entidades ambientales. “La denuncia cosechó un apoyo inmediato de muchos sectores porque si la empresa va a proceder de esta forma, mandando sus máquinas sin avisar para hacer una obra que no estaba autorizada, se abre una situación sumamente problemática”, explicó Jiménez, en diálogo con LA ARENA.

Este emprendimiento, destinado a explorar pórfidos de cobre en una zona cordillerana de Malargüe que registra varios glaciares, es una de las apuestas más importantes del gobierno mendocino, en su plan para desarrollar la minería extractivista dentro del territorio provincial.

Obra paralizada.

Inmediatamente, la Dirección de Protección Ambiental (DPA) paralizó las obras, realizó dos inspecciones y le otorgó a la empresa Wincul SA “cinco días hábiles para formular su descargo y siete días para presentar un informe sobre la construcción de la traza del camino, su georrefenciación y una ponderación ambiental”.

La empresa respondió el requerimiento, presentó el informe ambiental y en su descargo explicó que los trabajos estaban planteados como posibilidad en el expediente de la DIA presentado en 2011. “Pero en la Manifestación Específica de Impacto Ambiental sobre el recurso hídrico de 2014 eliminaron esa posibilidad, afirmaron que no construirían ningún camino y en la Declaración Jurada presentada en noviembre de 2022 adjuntaron un mapa que declaraba otro camino”, aclaró Jiménez.

Sin embargo, tras ponderar que las obras implicaban “un impacto ambiental medio cuyas consecuencias son factibles de restauración” y efectuar “recomendaciones que son de cumplimiento obligatorio para la empresa”, la DPA  autorizó “la continuidad de las tareas”, mediante una disposición fechada el 5 de enero y firmada por la ministra de Ambiente, Jimena Latorre.

Connivencia periodística.

Ante la fuerte repercusión social despertada por la denuncia, el diario UNO, propiedad del empresario Daniel Vila, salió inmediatamente a garantizar la buena actuación de la empresa y del gobierno mediante un artículo titulado “Ambiente rechazó una denuncia de daño ambiental en la mina Cerro Amarillo que frenó la obra 14 días”. La nota, firmada por la periodista Rosana Villegas, asegura que “no existió impacto ambiental” y que la traza del camino “coincide con la declarada y aprobada” en el expediente.

“Es una verdadera fake news porque Ambiente nunca rechazó la denuncia”, advirtió Jiménez. De hecho, “la DPA tomó la denuncia, realizó las inspecciones, constató un impacto ambiental medio e intimó a la empresa”, añadió. 

De todos modos, el organismo incurrió en una “validación muy grave, otorgándole la razón a la empresa en cuanto a que el camino figuraba en el expediente”. Según el ex legislador, “en la DIA presentada en 2022 que aprobó la Legislatura no figuraban estas obras ni la traza del camino. Y eso es lo que debe cumplirse. Ahora, si cualquier cosa que forma parte del expediente, incluyendo las obras que la empresa desestimó y otras que fueron rechazadas en 2014, van a terminar autorizándolas porque figuran en el expediente, estamos ante una situación gravísima”.

Por eso, concluyó que “lo más peligroso no es la construcción de un camino no declarado, sino la validación desde el ente de control de una obra que no fue contemplada en la aprobación legislativa”.

Y connivencia política.

Jiménez fue senador provincial por el FIT, entre 2018 y 2022. En diálogo con LA ARENA, reconoció que la concreción de este proyecto minero “resulta materia opinable: algunos estamos en contra y también hay sectores a favor. Pero una vez aprobada la DIA de 2014 en la Legislatura, al menos esperamos que respeten ese marco”, dijo.

También advirtió que “si a pesar de que debe cumplirse la DIA aprobada el año pasado, van a autorizar cualquier obra que figura en el expediente, incluso las que fueron rechazadas en 2014, el riesgo mayor es que la empresa cambie la locación de sus perforaciones y afecte los glaciares”. Y concluyó que “con estas cosas va quedando clara la verdadera intención del gobierno, cuya primera reacción fue atacar a los denunciantes y afirmar que la denuncia fue rechazada, distorsionando la realidad para cubrir a la empresa”.

Mientras tanto, y confirmando todas las sospechas de connivencia entre el gobierno y la minera, Alfredo Cornejo prepara el camino para designar a Gerónimo Shantal como director de Minería. “Es uno de los abogados representante de esta empresa, tal cual consta en el expediente de la DIA. Aunque quieren designarlo, están impedidos de hacerlo porque la ley establece que ese cargo debe ser ocupado por un ingeniero o geólogo”. Sin embargo, “están trabajando para modificar esa norma y permitir que la compañía minera ponga a un representante propio en el área que debe controlarla”, lamentó.