"Depende del gobierno, no de nosotros"

Los titulares de las tres empresas de transporte que están en conflicto con el Ministerio de Educación por el contrato para el traslado de alumnos y alumnas a las escuelas primarias, manifestaron su preocupación por la falta de acercamientos, y negaron las acusaciones de sobreprecios y cartelización, que había formulado la ministra Feuerschvenger.

Eduardo Christiansen, Enrique Marcos y Marisa Álvarez, de CSG, Pony y Transporte Toay, respectivamente, aseguraron que siempre hay inconvenientes con las contrataciones de Educación, y hasta llegaron a estar "un año transportando chicos a una escuela sin cobrar por ese servicio, y sacando plata de otros servicios para mantenernos".

Christiansen señaló que "queremos aclarar el tema de las declaraciones de la ministra. Dice que la licitación comenzó en octubre, y la licitación pública sí habrá comenzado en octubre, pero la apertura de sobres fue el 19 de febrero. Como no se llegaba con los tiempos se hizo una contratación directa. Fueron casi en paralelo al Tribunal de Cuentas, primero fue el de la directa porque no se llegaba con la licitación y después fue el de la pública".

En esa línea, indicó que "en la contratación directa hubo, como dijo la ministra, errores administrativos. A pesar de esos errores, nosotros los notamos en el pliego, e hicimos notas aclaratorias en la oferta. La contratación directa se aprobó por un colectivo por ítem. Eso da en total seis colectivos, cuando en realidad lo necesario son 26 colectivos. Entonces obviamente se aprueba esa directa, el TdC la aprueba y eso es lo que dicen que nosotros nos negamos a firmar. Directamente no corrió porque con seis colectivos no se cumple el servicio".

Aumentos.

A su vez, Christiansen dijo que "entre la contratación directa y la pública hubo aumentos tanto de combustible como de la escala salarial, que se fue al doble. Ellos dicen que hubo sobreprecios, y en realidad es porque aprobaron una directa por seis colectivos y la pública era por 26, esa es la diferencia de precios. Queremos dejar en claro que no hay sobreprecios, invitamos a cualquiera, incluso al TdC que está lleno de contadores, a que solamente vayan a una estación de servicio y ver el precio del combustible, van a ver la realidad".

"La ministra dice que tenemos sobreprecios. ¿Por qué firmó la adjudicación? Que para que vaya al TdC, hay una comisión de evaluación entre la que está la gente de Educación. Ella firmó eso aprobando la licitación", señaló.

Y agregó que "otra cosa más, la estructura de costos la hace el Ministerio de Educación, nos la entrega a nosotros, y lo único que se tocó fue el precio del combustible que había aumentado, la escala salarial que había aumentado al doble, aceites y cubiertas. El resto son fórmulas que ni siquiera las sabemos. Es un excel que nos manda el Ministerio. Entonces si hay sobreprecios, ¿Quién los puso? ¿El Ministerio?", cuestionó.

Sin diálogo.

Asimismo, Christiansen indicó que "hoy por hoy con el Ministerio no tenemos diálogo", y aseguró que "llamo a la directora de Administración Escolar y no me atiende el teléfono".

"Nosotros no tenemos mala preposición, hay funcionarios del gobierno que tampoco tienen mala preposición. Acá hay un 50% de error de la Administración Escolar y un 50% error o picardía del Tribunal de Cuentas, porque ahí hay un enfrentamiento político, y aprueban una directa sabiendo que con seis colectivos no se puede hacer el servicio. O sea, nosotros no tenemos mala preposición, no tenemos plata para funcionar", enfatizó.

En esa línea, detalló que "los números asustan, porque hoy estamos hablando que una cubierta de un colectivo vale $ 900.000. Sorprenden y asustan los precios y los costos. Pero no nos pueden decir que hubo sobreprecio. Eso es lo que más duele, más teniendo en cuenta que el 19 de febrero, cuando se abrieron los sobres de la licitación, nosotros ya estábamos prestando servicio, llevando a los chicos a recuperación, sin contrato, poniendo el lomo como lo hemos puesto muchas veces".

Mismos precios.

Por otra parte, Christiansen dijo que "la directora de Administración Escolar le pidió un presupuesto al EMTU, y les dio prácticamente los mismos precios que nosotros. Cuando el EMTU tiene colectivos de 31 asientos, nosotros tenemos de 44. Van a tener que utilizar más unidades, por lo tanto les va a salir mucho más caro".

Sobre la acusación de cartelización que hizo Feuerschvenger, el empresario consideró que "es una palabra de moda, la cartelización de las prepagas también. Nosotros los que estamos haciendo este servicio somos siempre los mismos, las licitaciones son públicas, se puede presentar cualquiera. Y estoy aclarando que no hay sobreprecio, ponemos a disposición de quien sea nuestros números".

Sin contrato.

Christiansen señaló que "en muchas oportunidades se comenzaba el servicio sin contrato porque no había licitación, esto es un error, y no le estoy echando la culpa a la ministra, sino a las gestiones anteriores. Se quedaban con el tema de la licitación, porque vos no podés hacer una licitación pública para un transporte escolar, que las clases empiezan antes del primero de marzo porque a la mitad de febrero están los chicos que van a la recuperación, no podés hacer la apertura de sobres el 19 de febrero, si tenés dos años para armar una licitación".

"Los chicos son rehenes y no nuestros, son rehenes de una cuestión política. Nosotros tenemos la cuenta corriente de combustible cortada, descubierto en el banco y no hemos pagado las cargas sociales de los empleados. En nuestro caso, dos colegas pudimos pagar los sueldos sin cargas sociales, no pagamos IVA, no pagamos nada del resto. Hay una colega que no tiene otra entrada y no pudo terminar de pagar sueldos", aseguró.

Al menos 10 días.

Christiansen señaló que no ve una solución en menos de 10 días para el conflicto. "Armaron convenios transaccionales para pagarnos. El martes fue el expediente al TdC para control y aprobación, para pagarnos marzo. Ellos se pueden tomar cinco días hábiles, responder el miércoles que viene, después va a la firma del decreto del gobernador, pasa por Educación de vuelta, y después va a Contaduría para el pago. Siendo optimistas podemos cobrar en 10 días, a fin de mes".

"El arreglo no depende de nosotros, depende del gobierno y cuándo llegue el pago. Y hay algo que no se ha comentado. Nosotros estamos trabajando sin contrato hasta ahora, desde hace un mes y medio ¿A los fines legales quién nos cubre? Es bastante irregular todo", concluyó.