Desalojan hoy a una familia

Un nuevo caso de desalojo deja a la deriva a una familia santarroseña que vivía en una casa que se la habían cedido de buena fe. No saben a dónde dirigirse mientras los organismos estatales de acompañamiento ya no tienen herramientas para impedir que se queden en la calle porque la Justicia avanza en el proceso.

El caso es complicado y hasta el Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV) no puede intervenir. Es por ello que Flavia se dirigió a LA ARENA para contar lo que está atravesando junto a su pareja –ambos hacheros- y sus dos hijas adolescentes.

La mujer recibió al equipo periodístico en la casa ubicada al norte de la ciudad, en Bonnet al 1.100, con todos los papeles de la causa con su casa “hecha un lío” porque están guardando sus elementos personales en bolsas negras para el desalojo que se ejecutará hoy por la mañana.

Con lágrimas en sus ojos y angustiada, Flavia contó que fueron víctimas de una estafa hace años cuando vendieron su casa de la calle Márquez y no se la pagaron. “Hicimos todo con abogados, pero nos estafaron”, lamentó la mujer. “Y ahora nos toca vivir esto”, expresó.

Según contó, la familia llegó al lugar en mayo del año pasado porque una conocida le cedió la vivienda que “había comprado”. El hombre, adjudicatario de la vivienda social, había realizado varios negocios inmobiliarios con la casa: se la “vendió” a una mujer en 2018, quien entrego $ 800.000 y un vehículo, según afirma en papeles que mostró ayer la damnificada.

Pero también consta que la mujer que la compró nunca recibió el boleto de compraventa y es más, “era amenazada” por el hombre. La compradora vivió unos años en el lugar hasta que se la cede a la familia de Flavia porque “su mamá había sido operada, tenía que ir a vivir con ella y no quería que la casa quede sola. Como me conocía de hace tiempo y sabía mi problema con mi casa anterior, me la cedió”.

“Cuando llegamos estuvimos dos meses sin luz y luego puse todos los servicios a mi nombre. También se habían robado el calefactor y hasta el inodoro…”, contó y afirmó: “Para nosotros hicimos las cosas de forma legal, pero nada era válido. Yo siempre expliqué mi situación en IPAV. Yo tengo certificado de discapacidad por mi enfermedad, pero de nada vale”.

Desalojo.

El viernes pasado, la Policía llegó al lugar con una orden de desalojo, pero los adultos estaban trabajando en un campo de hacheros y solo se encontraban las hijas del matrimonio. “A una de ellas la dejaron dos horas afuera, sin poder entrar. Como no estábamos nosotros, pospusieron el desalojo hasta el 20 a las 9 (es decir hoy)”, manifestó y apuntó: “Nos tratan como si fuéramos delincuentes y el dueño de la casa, hace dos semanas, pasó con su auto provocándome y presenté una exposición por las dudas”.

“El IPAV siempre nos apoyó, ellos saben que no la ocupamos y que nos la cedieron de buena fe”, aseguró y contó que no recibió respuestas de Desarrollo Social de la Municipalidad y del defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, Juan Pablo Meacca. “Nos vamos a tener que ir a la plaza porque tampoco podemos alquilar. Te piden entre 130 mil o 150 mil pesos con garantías de recibos de sueldos de 450 mil pesos, ¿quién tiene esos recibos? Además piden muchos requisitos”, manifestó.

Hoy por la mañana, Flavia, su pareja, sus hijas, cuatro perros, un gato y un hombre que vive en el garaje que también es hachero quedarán en la calle…

Respuesta.

Este diario se comunicó ayer con el IPAV para comprender la situación de la vivienda y el acompañamiento que recibió la familia. Explicaron que la casa se encuentra en “ejecución hipotecaria” porque el dueño tiene una deuda pequeña con el organismo y fue el mismo hombre quien “avanzó en el desalojo”, pero a pesar de recibir pedidos de distintas instituciones estatales, “la jueza decidió no demorarlo”.

Es importante señalar que el dueño, cuando recibió su vivienda social, tenía la “escritura hipotecaria” y la única forma de recuperar el crédito, para evitar el atraso del pago de las cuotas, es con una ejecución, pero el trámite es judicial, no administrativo, y lleva su tiempo. “El IPAV no puede hacer nada, no podemos desadjudicarla, el hombre tiene que pagar la deuda o con la ejecución se puede lograr el remate de la vivienda”, señalaron.

Por último aclararon que el Instituto se está encargando del caso “desde octubre del año pasado. La respuesta no está a nuestro alcance, pero están acompañados y asistidos por distintos organismos, como Desarrollo Social municipal y el defensor del Niño”.