Gobernador PRO encabeza rebelión contra Milei

Con la firma del pampeano Sergio Ziliotto, los gobernadores emitieron una dura declaración bajo el título "Las provincias unidas del sur" en defensa de lo que ocurre con Chubut. "Si el Ministerio de Economía no le entrega sus recursos, entonces no entregará su petróleo y su gas", advierte.

"El federalismo no se negocia", remarcó el mandatario pampeano al compartir el escrito que también fue firmado por Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut) y Alberto Weretilneck (Río Negro), y respaldado en redes por 20 mandatarios, entre ellos Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Axel Kicillof (Provincia de Buenos Aires) y Martín Llaryora (Córdoba). "Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio", indicaron en el documento.

En esa línea, afirmaron que "los gobernadores no son empleados del Poder Ejecutivo Nacional ni están sujetos a órdenes. Sus mandatos surgen del pueblo de sus provincias t tienen la obligación de defender sus intereses".

"Hoy la provincia del Chubut está padeciendo las represalias que se anunciaron luego de que cayera el tratamiento de la Ley Ómnibus. En febrero el Ministerio de Economía de la Nación le retuvo ilegalmente $ 13.500 millones; más de un tercio de su coparticipación mensual", revelaron.

Los gobernadores remarcaron que "no es una revancha contra el gobernador del Chubut. Es una afectación a más de 600 mil chubutenses que de esta forma ven afectados su derecho a la educación, a la salud, a la seguridad y al desarrollo".

Subsidios al transporte.

Por otro lado, indicaron que "también de forma ilegal el gobierno nacional retuvo los fondos destinados al Fondo Compensador de las tarifas del transporte público. Son recursos procedentes del impuesto a los combustibles y tienen una asignación específica. Solo una ley podría disponer otro destino y sin embargo se retuvieron".

"Por esa razón la justicia federal, a instancias de una acción promovida por el gobierno del Chubut decretó la ilegalidad de la quita. No se trata de una guerra sino de proteger a los usuarios del transporte que tienen los mismos derechos que los habitantes del AMBA. Ese fallo judicial también explica la represalia de privar a Chubut de sus derechos", continuaron.

Los mandatarios repudiaron "tajantemente el ataque que está haciendo el gobierno nacional a una provincia hermana y nos solidarizamos con el gobernador Ignacio Torres y el pueblo del Chubut. No aceptamos patrones de estancia ni el unitarismo de quienes se creen que van a poder pisotear a las provincias".

Gas y petróleo.

En otro tramo de la declaración, avalaron "la determinación de la provincia del Chubut de ejercer en plenitud sus derechos como dueña de sus recursos hidrocarburíferos y responder con acciones contundentes en caso de que el ministro de Economía de la Nación persista en retenerle a la provincia los fondos que por derecho le pertenecen". En ese marco, advirtieron: "Si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas".

"Quitarle a una provincia más de un tercio de su coparticipación es una acción criminal que persigue el objetivo deliberado de hacer sufrir a sus habitantes para de este modo forzar a su gobierno a adoptar determinadas posiciones políticas. Es una medida extensiva y disolutoria del sistema federal. Ningún gobernador lo va a consentir ni permitir porque se juega la existencia misma de la República Argentina", completaron.

Reconocen retención de los recursos.

Desde el Gobierno nacional contestaron anoche ante el cuestionamiento de la provincia de Chubut. “En respuesta al comunicado emitido por el gobernador, la Oficina del presidente informa que los $ 13.500 millones de descuento a los que hace alusión corresponden a una deuda que mantiene la provincia con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Por normas de emisión de dicha deuda, su cobro se realiza por descuento directo de la coparticipación”, indicaron.

En esa línea, afirmaron que lo que sí responde a la verdad es el compromiso que mantiene el Gobierno nacional con la reducción del gasto público en todo el territorio. De ninguna manera el Poder Ejecutivo Nacional contribuirá al financiamiento del despilfarro de las provincias que se niegan a bajar gastos innecesarios, eliminar cargos políticos prescindibles y gobernar con la austeridad que la crisis económica heredada requiere. Si a los gobernadores no les alcanza la plata deberán reducir drásticamente el gasto público como lo está haciendo el Gobierno nacional”.

Por otro lado, lamentaron que “el gobernador Torres se niegue a entender que no hay plata y, en consecuencia, se lance a emitir una amenaza de carácter chavista respaldada por Axel Kicillof y el resto de los gobernadores, que expresaron su acuerdo con el avance sobre la propiedad privada y la expropiación de empresas que necesariamente implica dicha amenaza”.

Desde Nación redoblaron la apuesta y le comunicaron al mandatario chubutense que “no existe necesidad de que ponga ningún plazo de tiempo para llevar a cabo su plan de extorsión. Proceda con su amenaza de inmediato y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia”.

JxC suma su apoyo.

Los gobernadores de Juntos por el Cambio también emitieron un comunicado para expresar su “total respaldo y apoyo al gobernador de Chubut Ignacio Torres en este duro momento por el que están pasando los chubutenses”. El escrito fue firmado por Jorge Macri (CABA), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdéz (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaron (Santa Fe).

“El Gobierno Nacional debe cumplir con la Constitución y enviar urgentemente los recursos

coparticipables que le pertenecen a la provincia”, señalaron y advirtieron que “no cumplir con la ley y los acuerdos entre Nación y provincias no afecta a los gobernadores sino a los 50 millones de argentinos que viven en las 24 jurisdicciones del país”.