Hidrocarburos: las provincias se unen y presionan a Nación

Las diez provincias petroleras concretaron una cumbre en el marco de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) y reclamaron al Gobierno nacional que modifique artículos de la Ley Ómnibus vinculados al sector. Entre los asistentes estuvo el gobernador pampeano, Sergio Ziliotto.

 

El cónclave había sido convocado la semana pasada, tras una cumbre de mandatarios patagónicos que se desarrolló en Villa La Angostura, y se concretó en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) desde las 15. En el encuentro estuvieron presentes mandatarios y representantes de Neuquén, Formosa, Mendoza, Río Negro, Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Jujuy, y Salta, las 10 jurisdicciones que integran la Ofephi. En ese marco, las jurisdicciones productoras de gas y petróleo se unieron para sumar mayor presión al Gobierno nacional. El principal reclamo es que se modifiquen los artículos de la "Ley Ómnibus" vinculados al sector.

 

La Junta de Gobernadores de la entidad emitió una declaración que será remitida al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y a los jefes de bloque en el Congreso. Allí ratificaron "la defensa del dominio originario de las provincias sobre los recursos hidrocarburíferos situados en nuestros territorios y las facultades de administración sobre los mismos".

 

Si bien aclararon que comparten "aquellos aspectos que buscan dotar de mayor previsibilidad y mejorar la generación de empleo" y las iniciativas que "para el incremento de las inversiones", solicitaron a Nación que propicie "un ámbito deliberativo, real y oportuno, para analizar en profundidad las adecuaciones propuestas que modifican de manera sustancial el régimen actual, entendiendo que es la Ofephi, el espacio natural donde deben tratarse".

 

En esa línea, rechazaron del proyecto de Ley Ómnibus "todos aquellos artículos que impliquen o puedan interpretarse como un menoscabo o limitación a las facultades de administración de las provincias hidrocarburíferas, así como también del dominio originario sobre nuestros recursos naturales".

 

Tras remarcar que comparten los "objetivos principales", enfatizaron que "deben ser cumplidos asegurando no solo la sustentabilidad económica de los inversores, sino también la social y ambiental de las poblaciones y las regiones donde se desarrolla esta actividad. Es por ello que necesitamos imperiosamente el concurso del gobierno nacional y del sector privado para llevar adelante las obras de infraestructura necesarias para acompañar el crecimiento poblacional, el cual muchas veces suele ser exponencial".

 

Artículos apuntados.

 

Desde la Ofephi señalaron que se deben "considerar las características específicas" de cada proyecto por lo que defendieron el proceso licitatorio como "herramienta fundamental" que dota de "previsibilidad y transparencia". Por ello, pidieron que quede "claramente establecido que la elaboración de un pliego modelo será realizado por cada jurisdicción debiendo ser lo suficientemente flexible y contemplar los distintos criterios que permitan adaptarse a cada una de estas realidades".

 

Por otro lado, plantearon su "total desacuerdo" con la derogación del artículo 32° de la Ley 17.319, debido a que es una "herramienta fundamental" para "el control, evaluación y aprobación de las inversiones que realizan cada uno de los concesionarios en nuestras Provincias. Esta modificación podría generar un gran perjuicio para las Provincias". También piden corregir el inciso e) del artículo 80º que "excluye como causal de caducidad de las concesiones el incumplimiento de las obligaciones resultantes del mencionado artículo 32°".

 

Expresaron su rechazo a "la decisión de eliminar la facultad que tienen las Provincias de otorgar prórrogas al plazo de vencimiento de las concesiones actualmente vigentes. Dicha opción constituye una herramienta con que cuenta cada Autoridad de Aplicación la cual puede utilizar o no a partir de la evaluación respecto de la conveniencia para cada caso en particular".

 

Empresas públicas y retenciones.

 

Los integrantes de la entidad pidieron mantener "sin cambios" el actual artículo vinculado a la determinación y pago de la regalía por parte de los concesionarios ya que dicha redacción no ha generado inconvenientes", por lo que su modificación "podría generar interpretaciones que perjudiquen a las provincias". Otro aspecto que mencionaron es la actualización de los artículos que "establecen los valores a abonar en concepto de canon de exploración, explotación y multas por esquemas y parámetros que permitan su actualización automática".

 

"Manifestamos el apoyo y defensa del rol estratégico de las empresas estatales provinciales en la consecución del desarrollo energético, de capacidades técnicas y humanas en el sector para potenciar y preservar los recursos locales. Por ello, solicitamos la revisión de aquellos artículos del Proyecto de Ley que limiten el accionar de dichas empresas provinciales", enfatizaron.

 

En la declaración advirtieron que "si bien el artículo 204 del proyecto de Ley mantiene la vigencia de los derechos de exportación actualmente vigentes, para los hidrocarburos y la minería (8%), luego le brinda la posibilidad al Ejecutivo Nacional de incrementarlos hasta el 15%. Por eso pedimos que la alícuota máxima a gravar no pueda superar el 8% actualmente vigente".

 

Finalmente, abordaron el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). "Es importante tener en cuenta que, si bien tanto los sectores de energía, como petróleo y gas son considerados dentro de dicho régimen, dados los plazos y montos de inversión previstos en la propuesta, la redacción actual descartaría, en principio, proyectos de explotación hidrocarburífera, por lo que solicitamos su adecuación", completaron.

 

Desacuerdo en la cuestión ambiental.

 

Desde la Ofephi expresaron su "desacuerdo" con el artículo de la Ley Ómnibus que faculta a Nación a elaborar, junto con las provincias, una legislación ambiental uniforme a nivel nacional para el sector de los hidrocarburos. "Si bien podemos compartir el objetivo último, entendemos que la génesis de una legislación del tipo propuesto debe surgir del consenso de las partes y no de la voluntad de un nivel de gobierno por sobre el resto", señalaron.

 

"De la misma, acordamos con los objetivos que en materia ambiental se incorporan en la Sección IX - De la Transición Energética", añadieron. Sin embargo, reivindicaron "la potestad de las Provincias conforme la Ley 26.197 rechazando la delegación de facultades que en materia ambiental se efectúa en dicha sección".

 

En otro tramo de la declaración, y en el marco de la necesidad de reactivación de la actividad en las distintas cuencas hidrocarburíferas del país, señalaron que "es de interés de los Estados miembros de la Ofephi que aquellas áreas maduras de explotación convencional que no sean de interés estratégico y que ello se haya visto reflejado en una caída de inversiones, actividad y producción, las empresas deberán arbitrar los procesos de cesión y/o reversión de las mismas hacia las Provincias".