Intervendrán los registros automotores de General Pico

El gobierno nacional dio inicio este viernes a su plan de intervención en todos los registros automotores del país. Es un proceso comandado por el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, que ya hizo la presentación formal en ese sentido. En una nota dirigida al secretario de Justicia, y firmada por Carlos Medina, subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia, da por iniciado el proceso para revocar las intervenciones vigentes o nombrar a nuevos interventores en más de un centenar de registros automotores, entre los que se encuentran los tres de General Pico.

En Argentina existen 1.557 registros de la propiedad automotor para un mercado que mensualmente realiza unas 180.000 transferencias o inscripciones entre automóviles, motocicletas y transporte pesado, incluyendo maquinaria agrícola.

En 2022 hubo 407.532 operaciones de 0km, 1.589.000 de usados, 410.955 de motos nuevas y 401.562 de motos usadas. Así, el sector suma 2.809.049 trámites, un promedio de 150 por mes por cada oficina. Claro que hay registros con mucho mayor volumen por su ubicación y jurisdicción.

El sistema registral depende de la Dirección Nacional de Registro Automotor (Dnrpa) y funciona en la órbita del Ministerio de Justicia. Desde hace tiempo es cuestionado por ser "un sistema burocrático, poco eficiente, costoso y muy complejo", señaló Infobae, y también porque "se lo sindica como una caja política, ya que una parte de las asignaciones están relacionadas con exfuncionarios, o familiares directos o indirectos".

Modo de nombramiento.

Dentro de los ejes de su campaña electoral, La Libertad Avanza puso en lo más alto de la consideración pública la existencia de los registros automotores al cuestionar el modo de nombramiento de sus titulares incluyéndolos dentro de los privilegios de la "casta política" y enfatizar que forman parte de un sistema que el nuevo gobierno desmantelaría como parte de su reorganización de los organismos públicos. En reiteradas oportunidades, Javier Milei dijo que cerraría los registros automotores y anularía el impuesto de sellos y los aranceles de patentamientos y transferencias de vehículos.
 "Son entes designados a dedo, de amigos del poder político, y aquí no hay distinción de colores políticos, porque esto ocurre desde hace décadas y hay registros en todo el país, cuyos titulares son personas que tuvieron o tienen vinculación directa o indirecta con autoridades de todos los gobiernos", comentó un especialista en el mercado automotor argentino.

Funcionamiento y costos.

Pero más allá de ese cuestionamiento, el problema que tienen los registros se podría dividir en dos claros puntos. El primero está relacionado con el mal funcionamiento en sí del sistema registral de vehículos y el segundo en sus costos. En total, estos trámites tienen un costo aproximado al 6% del valor del auto, y uno depende del otro, porque a más trámites, aranceles y sellos, más costos para los usuarios.

En principio hay que saber que si un auto es de origen nacional paga el 1,5% de arancel de transferencia, y si es importado paga 2%. Por auto importado se entiende todo auto no fabricado en Argentina, es decir que los que provienen de Brasil, aunque sean Mercosur y entren con arancel de importación 0%, pagarán lo mismo que un auto proveniente de Alemania, Japón o Estados Unidos para poder ser transferidos.

También hay una distinción entre CABA y el resto del país, mientas en la ciudad de Buenos Aires se paga el 3% de impuesto de sellos, en el interior se paga Ingresos Brutos que es equivalente al 4% del valor del vehículo.

El otro gran cuestionamiento que se hace sobre el funcionamiento del sistema de registraciones de vehículos en Argentina, es la complejidad asociada a la cantidad de formularios, ya que cada uno de ellos requiere presencialidad, incluso para la firma del 08, el formulario de transferencia, que aunque es digital, eso es sólo para adelantar el trámite y precargar los datos de vendedor y comprador, pero que se debe firmar en forma manual.

El debate está abierto desde hace muchos años en Argentina, pero el nuevo gobierno de Javier Milei lo ha reflotado con fuerza, y ya puso en marcha un plan de intervención de la mayoría de los registros del país, entre los que se encuentran en principio los tres de General Pico.