La CIDH exhortó a Milei a garantizar la libre expresión

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación y reclamó al gobierno que garantice la libertad de expresión. “La protesta social es un componente esencial para el funcionamiento de las sociedades democráticas”, recordó la CIDH.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por la “violencia registrada” durante la marcha de los jubilados del 12 de marzo frente al Congreso de la Nación, y recordó que “el Estado de Argentina debe garantizar los derechos a la libertad de expresión y de asociación, y utilizar los protocolos con enfoque de derechos humanos en cuanto al uso de la fuerza en manifestaciones, conforme a los estándares interamericanos”.

Mediante un comunicado de prensa difundido el miércoles, el organismo detalló el trágico saldo de la represión policial, que dejó “veinte 20 personas heridas, incluyendo una jubilada de 87 años con traumatismo craneano; 114 personas detenidas, entre ellas un niño de 12 años y un adolescente de 14, liberadas posteriormente por el Poder Judicial; ataques directos contra periodistas, incluyendo el caso de un fotorreportero (Pablo Grillo) de 35 años, gravemente herido por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno y que permanece en estado crítico, así como otros casos de profesionales de prensa que fueron amenazados, agredidos físicamente y obstaculizados en el ejercicio de su labor informativa”.

“Hechos de violencia”.

La CIDH explicó que se refería explícitamente al despliegue represivo con gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes ocurrido “en el marco de la llamada Marcha de los Jubilados que se realiza semanalmente desde 2024 de manera pacífica en protesta de las reformas de austeridad económica implementadas por el Estado y sus impactos en los derechos de las personas pensionadas”.

En ese contexto, consignó que el propio gobierno argentino “informó sobre hechos de violencia registrados en la última convocatoria y se refirió a la participación violenta de grupos de hinchas de clubes de fútbol en las manifestaciones con un resultado de, al menos, catorce policías heridos”.

En el paradigma internacional de derechos humanos, “la protesta social es un componente esencial para el funcionamiento de las sociedades democráticas”, debido a que “el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica permite a las personas manifestar sus demandas, opiniones y disensos frente a las políticas públicas y decisiones gubernamentales”.

En este sentido, "el Estado de Argentina tiene la obligación de respetar, proteger, facilitar y garantizar el pleno ejercicio de estos derechos, utilizando la fuerza como último recurso", reforzó el comunicado. Por tal motivo, “el Estado tiene la obligación de garantizar que las y los periodistas puedan ejercer su trabajo de documentación e información durante protestas sin ser objeto de violencia, agresiones ni obstrucciones, ya que su función es esencial para informar a la sociedad y garantizar el escrutinio público de la actuación policial”.

“Justicia independiente”.

La CIDH también alertó sobre la división de poderes y mostró su preocupación por la denuncia por “prevaricato, omisión de deberes y encubrimiento” presentada contra la jueza Karina Andrade, quien ordenó liberar a las personas detenidas durante aquella marcha. “El Estado debe garantizar el ejercicio independiente del sistema judicial, que puede ser inhibido por la presentación de denuncias penales por decisiones emitidas en el cumplimiento de sus mandatos".

Por esta razón, la participación de personas en actos de violencia durante una manifestación “no puede justificar la deslegitimación de toda la protesta” ni la restricción de los derechos de quienes se manifiestan pacíficamente. En estos casos, “los agentes de seguridad deben actuar de manera diferenciada, aislando a quienes recurren a la violencia, y utilizando la fuerza solo como último recurso, de forma excepcional, proporcional y en estricto cumplimiento de los estándares internacionales e interamericanos”, subrayaron.

Finalmente, la CIDH reconocimió “la sólida tradición de participación ciudadana en Argentina, la cual ha resultado fundamental para el fortalecimiento de su democracia” y por eso urgió al Estado argentino a investigar “de manera pronta, imparcial y con la debida diligencia” los posibles excesos en el uso de la fuerza “y sancionar a quienes resulten responsables”, al tiempo que instó a las autoridades a “promover un diálogo genuino, efectivo e inclusivo para atender las legítimas demandas de la población”.

“Marcha en unidad”.

En una decisión histórica, estimulada por el accionar represivo y el negacionismo explícito de Javier Milei, distintos sectores políticos, sociales y organismos de Derechos Humanos acordaron marchar “en unidad” el 24 de marzo, para conmemorar del Día de la Memoria. “A 49 años del golpe genocida, marchamos en unidad”, informaron mediante un mensaje conjunto donde ratificaron “son 30.000, fue genocidio”.

Las organizaciones convocaron a un acto que comenzará a las 16 en Plaza de Mayo donde, aunque partirán desde espacios diferentes, todas las agrupaciones confluirán en un mismo acto. La convocatoria fue firmada por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos por Razones Política, HIJOS Capital, Asamblea Permanente de Derechos Humanos,, Asociación Buena Memoria, CELS, Comisión Memoria Verdad y Justicia, Zona Norte, Correpi, Liga Argentina de Derechos Humanos y Serpaj, entre otros.

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