La Patagonia se planta frente al gobierno nacional

Los gobernadores patagónicos, entre ellos el pampeano Sergio Ziliotto, emitieron una declaración tras la reunión que mantuvieron donde expresaron su opinión sobre el capítulo vinculado a Energía e Hidrocarburos de la Ley Ómnibus que presentó el gobierno nacional. En ese marco, solicitaron modificaciones "en defensa del dominio originario por parte de las provincias" y de "los recursos naturales existentes en su territorio, consagrados en el artículo 124 de nuestra constitución Nacional, columna vertebral de nuestro sentir federal y patagónico".

En el documento al que accedió LA ARENA, remarcaron que "defenderemos incansablemente los derechos de nuestras provincias, con ánimo constructivo, con el objetivo de sumar al engrandecimiento de la República. Por eso venimos a observar en el proyecto de ley aspectos que necesariamente tienen que ser revisados teniendo en cuenta que, de acuerdo a la normativa vigente, si bien el diseño de las políticas energéticas a nivel federal continúa siendo responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional, son las provincias quienes detentan el ejercicio del dominio originario y la administración sobre los yacimientos de hidrocarburos en sus territorios".

En esa línea, compartieron "las modificaciones que permitan lograr un marco jurídico para la industria hidrocarburífera que generen más empleo y actividad económica en nuestras provincias, que se convierta en mas riqueza para los patagónicos y los argentinos". También acompañan "aquellas iniciativas que incentiven las inversiones para lograr mayor producción de petróleo y gas que fortalezcan la seguridad energética nacional y las exportaciones de la República".

Sin embargo, aclararon que "no somos una isla"; por lo que "tampoco nos queremos convertir en una colonia de la cual se continúen extrayendo recursos naturales baratos a cambio de una pobre compensación. Las provincias patagónicas abastecemos de energía a la República a precios que han representado un verdadero sacrificio para nuestros habitantes a lo largo de la historia, y lo hemos hecho con alto sentido patriótico".

Modificaciones.

Los gobernadores solicitaron "la modificación de los más de 30 artículos que ponen al Poder Ejecutivo Nacional como autoridad de aplicación de la legislación hidrocarburífera en nuestro país, cuando es una discusión ya saldada con la sanción de la Reforma de la Constitución Nacional. Estos artículos del proyecto de Ley rozan la inconstitucionalidad".

Si bien comparten "los objetivos principales" de maximizar la renta y satisfacer las necesidades del país, consideraron que esto "debe ser cumplido asegurando no solo la sustentabilidad económica de los inversores, sino también la sustentabilidad social y ambiental de las poblaciones y las regiones donde se desarrolla esta actividad. Necesitamos imperiosamente el concurso del gobierno nacional y del sector privado para llevar adelante las obras de infraestructura necesarias para acompañar el crecimiento poblacional, el cual muchas veces suele ser exponencial".

En la declaración, expresaron su desacuerdo con la sustitución del artículo 80º inc e) de la Ley N° 17.319 de Hidrocarburos, "eliminando como causal de caducidad de las concesiones o permisos el no haber dado cumplimiento a las obligaciones resultantes del artículo 32º; que a su vez establece que 'Dentro de los 90 días de haber formulado la declaración a que se refiere el artículo 22 y posteriormente en forma periódica, el concesionario someterá a la aprobación de la autoridad de aplicación los programas de desarrollo y compromisos de inversión correspondientes a cada uno de los lotes de explotación. Tales programas deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 31 y ser aptos para acelerar en todo lo posible la delimitación final de área de concesión con arreglo al artículo 33'".

También pidieron modificar los artículos que "determinan los montos de los Canones de Exploración y Explotación incorporando los conceptos establecidos en el decreto 770/2020, de modo tal que estos valores se actualicen de acuerdo al valor internacional del petróleo".

Retenciones.

Los gobernadores pidieron "corregir la redacción del artículo 207º del Proyecto de Ley", donde se delega en Nación la facultad de incrementar las alícuotas de los derechos de exportación. El artículo 204 del proyecto mantiene el 8 % vigente para hidrocarburos y la minería, pero abre la posibilidad de que se eleve al 15 %. "Por eso pedimos, que el monto máximo a gravar con derechos de exportación a los hidrocarburos, no pueda superar el 8% actualmente vigente", señalaron.

"En cuanto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGE), es importante tener en cuenta que si bien tanto los sectores energía, como petróleo y gas son considerados dentro de dicho régimen, la redacción actual descartaría, en principio, proyectos de explotación hidrocarburífera, por lo que solicitamos su adecuación", finalizaron.

Reclaman discusión.

En su "Declaración de Villa La Angostura", los gobernadores de de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de Santa Cruz, del Chubut, de Río Negro, del Neuquén y de La Pampa, expresaron su postura regional y le marcaron la cancha al Gobierno nacional de Javier Milei. En ese marco, ratificaron el compromiso de representar los intereses en común que nos unen. La Patagonia debe crecer en conjunto, y estar en la toma de decisiones del Gobierno Nacional que afecten a cada una de nuestras provincias", plantearon.

Uno de los ejes del escrito es el Federalismo. En ese apartado, remarcaron que "estamos en un momento bisagra, donde nuestra premisa fundamental es la defensa del federalismo y entender que el país para crecer debe mirar hacia el sur. Queremos tener decisión sobre cada una de las definiciones que impactan directamente sobre nuestras economías regionales".

En esa línea, se comprometieron a trabajar de manera coordinada para que "la región tenga el protagonismo que se merece para lograr resolver las asimetrías que dificultan llevar crecimiento sostenido a los habitantes de toda la Patagonia. Vamos a defender y promover la generación de recursos que significa el turismo para la región".

"Concebimos un país federal, donde se eliminen las asimetrías como la que existe respecto al reparto de los subsidios al transporte urbano e interurbano de la Argentina. Estamos reclamando una federalización en la distribución de los recursos que el Gobierno Nacional aporta en esa materia", añadieron.

Obra pública.

Por otro lado, señalaron que la región "le aporta mucho a la patria y podemos aportarle mucho más, pero necesitamos acompañamiento e inversión, porque no hay proyecto económico que sea rentable y que prospere si no tiene sustentabilidad social. El Estado Nacional, tanto como los provinciales y municipales, debe tener presencia en el territorio a través de la obra pública; especialmente en provincias como las patagónicas donde las grandes distancias y la escasa densidad poblacional hacen que muchas obras no sean rentables para el sector privado. Es ahí donde el Estado debe estar presente". En esa línea, plantearon un "tratamiento diferencial" para cuando la obra no sea rentable a través de inversiones del sector privado.

También defendieron a las empresas provinciales y rechazaron "la necesidad de privatizar todas las empresas estatales, sino en hacerlas eficientes y rentables. El proyecto de ley Omnibus se apresura en querer modificar, sin distinción, la forma de comprender una empresa estatal. Creemos en el rol de un Estado eficiente que brinde servicios de calidad a los ciudadanos".

Coparticipación.

En el terreno fiscal, señalaron que desde la década del 90 las provincias vienen afrontando las erogaciones en salud, educación, seguridad, además de las necesidades básicas de sus habitantes. Por ello, pidieron revisar "la Ley de Coparticipación Federal, en la cual se establece que de la distribución primara de tributos el Estado Nacional detrae el 40,24% de la masa coparticipable neta de distintas detracciones realizadas para distintos entes del Estado Nacional, siendo la diferencia de la masa coparticipable distribuible entre 24 jurisdicciones".

"Sería importante revisar los fondos destinados a la administración de la recaudación de impuestos, tasas y derechos, donde AFIP detrae prácticamente el 2% de la recaudación total de impuestos, generando que dicho valor sea superior al importe que recibe la gran mayoría de las provincias argentinas", sostuvieron. Los no coparticipables son el "Impuesto al débito y crédito bancarios, el cual representa un aproximadamente un 1/3 de la recaudación del impuesto a las ganancias o un 1/4 del I.V.A" y el Impuesto País.

Sobre el primero, recordaron que "se fijó como un impuesto extraordinario y transitorio en el 2001, el cual 20 años más tarde sigue vigente, no siendo coparticipable desde su origen, encuadre que no tiene fundamentos teóricos ni legales que justifiquen dicha exclusión de la masa coparticipable, dado que grava los movimientos de fondos bancarios".

Con respecto al Impuesto País, advirtieron que "surge por la disparidad de la política cambiaria fijada por el gobierno nacional, la cual genera distorsiones recaudatorias en las provincias que fijan tributos en relación al tipo de cambio oficial (regalías), generando que los impuestos propios de las provincias tengan un retraso en relación al precio real de la economía, situación que se viene observando en los últimos años y en este nuevo gobierno, a pesar de la devaluación realizada en diciembre/2023, a la fecha nos encontramos con un atraso del tipo de cambio oficial del 24%".

"Sobre el Impuesto a las Ganancias, nos negamos a la reversión porque el impacto económico que tiene ese dinero en nuestras provincias y la distribución del mismo en la comunidad es mayor a lo que perciben por coparticipación nuestras arcas provinciales", añadieron.

Finalmente, pidieron "encarar una discusión seria sobre el reparto de los recursos en el país, con una mirada federal. Los gobernadores de la Patagonia tenemos el compromiso de defender nuestros recursos naturales, nuestra tierra y el proyecto de desarrollo de la Patagonia. Todos los gobernadores volveremos a encontrarnos en Chubut, para seguir en este sendero de construcción de una Región Patagónica protagonista del futuro de la Argentina".

Concesiones hidroeléctricas.

En la declaración de los mandatarios se hizo mención al vencimiento de las concesiones de las represas hidroeléctricas. En ese sentido, sobre la base de las discusiones legales y de definiciones que pueden plantearse en relación a los conceptos jurídicos de dominio y jurisdicción sobre los recursos naturales, las provincias patagónicas mencionaron cuatro puntos a acordar con Nación. El primero es "participar en los procesos de toma de decisiones sobre dichas concesiones, ya sea que se prorroguen las mismas por un determinado plazo; o se disponga una nueva licitación pública para elegir a un nuevo concesionario (a quien se le deberán transferir las acciones sobre dichas sociedades); o se resuelva la estatización y gestión pública de esas centrales, aunque pareciera menos probable en este nuevo contexto político nacional".

Por otro lado, pretenden "participar en los directorios de las referidas sociedades que llevan a cabo la generación hidroeléctrica, mediante la designación de directores que respondan a los intereses de las provincias". También buscan cobrar un canon por el uso del recurso hídrico y "regalías por la venta de la energía generada, valorizada de manera que respondan a su real valor".