Marín pidió anular los despidos y renovar los contratos

La diputada nacional por La Pampa, Varinia Marín, presentó un proyecto de ley en el Congreso Nacional para retrotraer a diciembre pasado el plan de miles de despidos que lleva adelante el gobierno de Javier Milei y reincorporar a los trabajadores cesanteados, al cuestionar la “arbitrariedad” de la medida.

“El proyecto persigue enmendar la medida absolutamente injusta y arbitraria, pero además totalmente perjudicial para el Estado Nacional, que se apresta a tomar el Presidente”, dijo Marín sobre la iniciativa que también lleva la firma del pampeano Ariel Rauschenberger.

Además, también firmaron el proyecto Gustavo González, Nancy Sand, Carlos Castagnetto, Victoria Tolosa Paz, Natalia Zabala, Eduardo Valdes, Juan Manuel Pedrini, Hilda Aguirre, Eugenia Alianiello, Lilia Paponet, Carlos Cisneros, Ana María Ianni, Andrea Freites y Rauschenberger.

De esa forma, se propone “evitar la equivocación en la que se dispone a incurrir el gobierno y en uso de las atribuciones que otorga a este Congreso el inciso 20 del artículo 75 de la Constitución Nacional” que se “retrotraiga la situación del personal del Sector Público Nacional al 10 de diciembre de 2023”.

En el país, el gobierno lleva 50.000 empleados despedidos y pretende dar de baja unos 70.000 contratos. En La Pampa, la situación ya afectó a casi 100 trabajadores e incluso el cierre de delegaciones provinciales de organismos nacionales.

En los fundamentos del proyecto, Marín indicó que la contratación de empleados públicos por tiempo determinados, en algunos casos como contraprestación de un trabajador monotributista, que privan a estos del derecho constitucional a la estabilidad del empleado público. 

"Arbitrariedad manifiesta".

La diputada dijo que los despidos de contratados “configura una arbitrariedad manifiesta y una injusticia intolerable que culminará con miles de servidores públicos desempleados” y que es “evidente que la salvaje medida no ha sido precedida de una evaluación del desempeño de los trabajadores afectados”.

“Los casos que han trascendido no permiten desentrañar el parámetro utilizado, denotando que se trata de una medida que, dado que su aporte al pregonado ajuste fiscal será modesto, es absolutamente demagógica y totalmente desprovista de legitimidad”, amplió.

La legisladora pampeana advirtió que los despidos hacen “resentir notablemente” la calidad del servicio de la administración, ya que los afectados son trabajadores de años, con décadas en su lugar y que fueron formados en la función pública. A modo de ejemplo, planteó que “cabría evaluar el costo en tiempo que demandará al Estado el reemplazo de un empleado de Anses que inicia trámites jubilatorios” o agregó, “tampoco se analizó el daño de una persona que tiene que iniciar un trámite y se encuentra con que la oficina que funcionaba en el lugar de su residencia ha cerrado, debiendo trasladarse kilómetros para ejercer su derecho”.

“Una muestra más del centralismo de este gobierno al que lamentablemente ya nos tiene acostumbrados. Otro aspecto que es necesario destacar, es la litigiosidad que generará la discontinuidad de los contratos, con resultados que no se presentan auspiciosos para un Estado que, como vimos, se valió por años de las tareas de verdaderos empleados públicos sin reconocerle tal status”, explicó.

Además de restituir a los empleados despedidos, sobre el personal con estabilidad, en el proyecto se declara la nulidad en casos en los que se diera por concluida la relación de empleo sin cumplir la Ley Marco de Empleo Público, con la finalidad, sobre todo, de evitar sanciones de cesantía o exoneración sin la sustanciación del sumario previo en el que se respete el derecho de defensa del empleado”, dijo Marín.

Sobre los contratos por tiempo determinado ya mencionados, “se dispone su renovación hasta el 31 de diciembre de 2024, fecha a partir de la cual su discontinuidad deberá contar con el dictamen previo de una comisión interna en la que cuenten con representación los trabajadores y trabajadoras”.

“Al margen de las diferencias que mantenemos con el Gobierno, seguramente coincidimos con el objetivo de lograr una Administración Pública eficaz y eficiente. Sin embargo, estamos plenamente convencidos de que esa loable finalidad se puede lograr sin arbitrariedades, ni maltratos a los trabajadores y trabajadoras”, indicó la diputada Marín.