Multaron al ex tesorero y no podrá acercarse al Club San Martín

El ex tesorero del Club General San Martín, Ricardo Héctor Marcelo Sosa, no podrá acercarse a menos de 100 metros de las instalaciones de la entidad por un plazo de un año; y deberá depositar la suma de $600.000 -en seis cuotas mensuales consecutivas de $100.000 cada una- en una cuenta a nombre de la Cooperadora del Hospital Lucio Molas anexo Favaloro.

Fueron algunas de las condiciones que impuso el juez de Control Néstor Daniel Ralli, como condición para acceder a la suspensión del juicio a prueba en el marco de la investigación fiscal preparatoria “en orden al delito de administración infiel (art. 173, inciso 7° del CP en relación al 172 del mismo cuerpo legal)”.

Reglas de conducta.

Cabe señalar que la suspensión de Proceso a Prueba se otorga por el término de un año, y que la decisión del juez Ralli implica que durante el período determinado Sosa “además de no cometer nuevos delitos, deberá, como reglas de conducta: a) fijar domicilio; b) presentarse ante la Unidad de Control de Suspensión de Proceso a Prueba del Ministerio Público Fiscal. En esa resolución abarca desde este mes de enero para oblar la primera cuota; y así deberá hacerlo entre el 10 y el 15 de cada mes en forma consecutiva.

Se aclara expresamente que eso “no supone reparación del daño causado, sino como regla de conducta”.

La resolución le fue comunicada al Club San Martín, en la persona de Julio Gabriel Arias (presidente) y Lucas Ovejero (presidente); y a la Seccional Primera.

La medida tomada por Ralli contiene una “prohibición de acercamiento a menos de 100 metros del Club San Martín”. Las reglas de conducta vencerán el 25 de diciembre de 2024. Todo “sin perjuicio de los derechos de las victimas de realizar el reclamo por vía civil que entiendan corresponda”.

Administración infiel.

El pasado 7 de noviembre el fiscal general Máximo Paulucci, junto a la fiscal adjunta Natalia Urruti, formalizaron a Sosa por “administración infiel”, una modalidad de estafa; la misma imputación que se le hizo oportunamente a la ex presidenta de la entidad, Graciela Loyola.

Se recuerda que durante la larga presidencia de la entidad de Loyola, en la que Sosa actuaba como secretario, se produjo la venta de un predio de 2,8 hectáreas de la ex Quinta de las Monjas –propiedad de la entidad de la Villa-, se produjo el 8 de agosto de 2018 a favor de Carlos Elorza. Este empresario abonó la suma de 3.971.000 pesos, dinero que está comprobado nunca ingresó a las arcas de San Martín.

Desguace del club.

Hace un par de años la cuestión fue abordada por LA ARENA, que denunció la operación inmobiliaria y el desguace que estaba sufriendo la entidad. Después que se informara sobre las irregularidades que evidentemente se habían producido en el Club San Martín, hubo una movilización creciente de vecinos, ex dirigentes y simpatizantes, que iba a culminar con la intervención.

“La ‘89”, una agrupación que comenzó a reunir voluntades para recuperar el club llevó la cuestión a Personas Jurídicas donde –cabe recordar-- en principio no pareció haber la mejor actitud para avanzar en la intervención y posterior regularización de San Martín.

De todos modos la presión social no dejó demasiado margen y llevó a que se ordenara el cese de la comisión directiva que encabezaba Graciela Loyola, y después de casi dos décadas hubo una asamblea que determinó que nuevos dirigentes llegaran a la entidad.

Una compensación.

Para entonces las instalaciones de Alberdi y Dante Alighieri aparecían en un estado de lamentable abandono. Igual la ex Quinta de las Monjas, parte de cuyas tierras habían sido vendidas en su mayor parte a un empresario local a un precio vil.

Y fue tan así que iniciadas investigaciones judiciales el comprador aceptó un acuerdo de compensar al club con una suma estimada en 200 mil dólares. Por supuesto ese ingreso hizo que las instalaciones se fueran mejorando, y a partir de eso San Martín recobró vida, hizo socios, y hoy en día tiene una gran cantidad de actividades, en su gimnasio y en el predio Las Malvinas (ex Quinta de las Monjas).

¿Y el dinero anterior?

La nueva comisión directiva, encabezada por Julio Arias, fue a la Justicia pidiendo se investigue una presunta estafa, porque la suma que pagó Carlos Elorza por las 2,8 hectáreas adquiridas nunca ingresó al club.

Iniciadas acciones judiciales se advertía que si bien se avanzó para investigar a Graciela Loyola no pasaba lo mismo con Marcelo Sosa, quien debió tener un papel central para que se concretara la actividad presuntamente delictiva, porque no era un socio más, sino el tesorero, y tiene que haber tenido mucho que ver con la recepción del monto en que fueron vendidas aquellas tierras.

Finalmente, después del reclamo de los abogados de San Martín el Ministerio Público Fiscal accedió a involucrar también a Ricardo Héctor Marcelo Sosa, quien ahora ni siquiera podrá acercarse al club.