Nación liquidó “a cero” los programas sociales

“No tenemos hoy comunicación”. De esa forma, el ministro de Desarrollo Social, Diego Alvarez, dio cuenta de la falta de respuesta del gobierno de Javier Milei y planteó que los responsables del área social de las provincias pretenden reclamar en conjunto por la compleja situación social y la falta de fondos nacionales.

“El gobierno nacional tomó medidas que perjudican a los sectores más vulnerables pero ante ese corrimiento, no hay ninguna medida ni ningún colchón por el retiro del Estado en la prestación de estos servicios sociales”, dijo Alvarez en el programa La Parte y el Todo, de la TV Pública Pampeana.

La próxima semana se reunirán los ministros de Desarrollo Social de cada provincia para reclamar respuestas por parte de la Nación, ya que según advirtió Alvarez “no tenemos hoy comunicación”. Señaló que envió el 9 de febrero pasado una nota a Pettovello para solicitarle una audiencia aunque hasta el momento no tuvo devolución.

“La idea era plantearle algunos temas que me preocupan: la realidad social, la articulación con el gobierno nacional y esta decisión de Nación de no comprar alimentos secos para las organizaciones sociales”, explicó el ministro.

Reunión.

“La mayoría de los ministros plantean lo mismo. Poder reunirnos, charlar, presentarle algún documento a la ministra, que se reúna el Consejo Federal de Desarrollo Social para analizar los alcances de las decisiones nacionales en cada jurisdicción y dar respuesta a los sectores afectados”, agregó.

Sobre la respuesta de Pettovello, fue terminante. “No tenemos grandes expectativas pero hay que plantear la situación de la distintas provincias”, aseguró. También advirtió que la ministro nacional tiene que dar respuestas a las provincias “en el marco de un país federal, tienen que respetar la Constitución Nacional”.

Sin recursos.

Además, indicó que en el Ministerio de Capital Humano “entendemos no están los funcionarios de segundas y terceras líneas designados, entonces no hay firma. La información es que liquidaron a cero los distintos programas de desarrollo social”, como parte del ajuste libertario.

“Están subejecutadas las partidas a pesar de la crisis social planteada por este mismo gobierno, tras la devaluación del 118% a fin de año pasado, la inflación del 30% en alimentos para diciembre y casi 20% para enero y que no haya transferencia de dinero”, dijo Alvarez, advirtiendo que la situación “roza lo delictual y criminal con los sectores más vulnerables”.

Afirmó que “hay un mecanismo perverso” de Nación porque “parte de la contraprestación de los Planes Potenciar Trabajo, tenía que ver con la parte socio comunitaria, donde estaban los merenderos y comedores que dependían de las organizaciones sociales, entonces sin recursos es difícil que hagan la contraprestación. Y van a terminar diciendo que no están contra prestando y le van a sacar los planes”.

“Nula respuesta”.

El ministro Alvarez señaló que “lo más preocupantes es que el presidente había dicho que la única billetera abierta era la de Pettovello” pero “hoy es nula la respuesta”. En La Pampa, destacó, “seguimos bregando para poder sostener la situación” y recordó que el gobernador Sergio Ziliotto “fue claro en su gestión” en el planteo de mantener la inversión en temas esenciales “como salud, la educación, seguridad y la alimentación a los sectores vulnerables y en función de eso estamos trabajando”.

El funcionario pampeano destacó que los responsables del área de Desarrollo Social de cada distrito comenzaron “a hablar entre nosotros después de mucho acompañamiento de los cuatro años del gobierno nacional. Es más, habíamos firmado varios convenios: tres llegaron a tener la orden de pago pero tomaron la decisión política de no pagarlo, un proyecto de $50 millones para el sector de economía social de General Pico, otro para agricultura familiar para la provincia y un playón deportivo para Santa Isabel”.

“Es un tema que preocupa”.

El ministro Alvarez afirmó que la cuestión alimentaria “es un tema que preocupa” y destacó la inversión del gobierno provincial para “dar respuesta a los sectores afectados por la crisis profunda” que generó la Nación, a partir del “refuerzo” de las partidas para alimentos.

“Lo alimentario es un tema que preocupa, en 2022 iniciamos con programas nuevos de acompañamiento a los sectores vulnerables que estaban por debajo de esa línea de subsistencia para garantizar el alimento. Reforzamos las partidas alimentarias y empezamos a ver el impacto de esas políticas públicas que íbamos generando”, dijo Alvarez.

Para medir el impacto de sus políticas sociales, el gobierno lanzó el Indice de Vulnerabilidad Social. Las primeras mediciones se hicieron en 2023, en Santa Rosa (1.000 encuestas) y Toay (200), y luego se sumaron General Pico, General Acha y Eduardo Castex. En total, son 2.600 pampeanos encuestados. El resultado del índice se dará a conocer a mediados de marzo.

Crisis profunda.

Explicó que “en algún momento no se va a poder dar respuesta a todos los sectores por los efectos de la crisis profunda generada por el gobierno nacional” y resaltó “la decisión del gobernador que, con una mirada de los social generosa y mucha empatía y mucha preocupación, planteó el nuevo Refuerzo Alimentario Focalizado Extraordinario (RAFE)”.

“El IVS surge del mismo decreto de creación del Pilquen para evaluar el impacto de las políticas públicas. Se mide con la información de los titulares de programas sociales el nivel de ingresos, y se hace un cálculo de los recursos que le faltan a las familias para superar la canasta básica alimentaria”.

Allí, siguió, “se deposita el dinero en la Tarjeta Social Pampeana el día 20 de cada mes y se realiza un seguimiento permanente, porque la tarjeta solo está habilitada en una serie de comercios para comprar alimentos”.

“La tarjeta tiene un mínimo componente genérico, hasta $17 mil y de ahí tenemos 23 mil titulares y hay 12 mil que tienen Tarjeta Alimentaria y la Social que no están alcanzados por el RAFE y aquellos que no tiene Tarjeta Alimentar que son 11.000 titulares de este programa”.

Según la realidad de cada núcleo familiar es lo que se liquida, explicó Alvarez, porque “podes tener una familia de cuatro integrantes con la misma composición pero que no van a tener la misma liquidación. Hay una liquidación mínima de $30 mil hasta más de $200 mil que se están pagando para aquellas necesidades determinadas en un estudio socio económico y entrecruzamiento de datos. Somos un Estado eficiente y responsable, utilizando toda la información para tomar las mejores decisiones”.