“No atendieron las demandas del niño”

El fiscal general Guillermo Sancho consideró que la jueza Ana Clara Pérez Ballester y la asesora Elisa Alejandra Catán incumplieron sus funciones, entre otras cosas porque no atendieron las demandas del propio niño y de su familia paterna.

Si bien la acusación había sido redactada en su momento por el Procurador General Mario Bongionanino, al apartarse este de la causa Sancho fue el encargado de formular los cargos contra las funcionarias judiciales sentadas en el banquillo por su actuación en el marco del Caso Lucio Dupuy.

La denuncia había sido impulsada por diputados del PRO. El fiscal indicó que se afectó los derechos del niño, y cuestionó que las funcionarias judiciales omitieron escuchar al padre y a la propia madre a pesar de que está previsto por la ley. “El contexto ameritaba que se hiciera”, y que “se pudo haber hecho de oficio por pedido de la jueza.

También planteó que se omitió dar intervención a la autoridad de aplicación, teniendo en cuenta que se avizoraba en ese trámite que quienes tenían el cuidado parental no lo hacían como correspondía.

“No se controló la tutela”.

Además apuntó que la asesora consintió el archivo de ese expediente, "lo que provoca que la tutela entregada a la tía de Lucio no fuera debidamente controlada. Eso provocó que se ignorara que Lucio había sido trasladado a Santa Rosa y que vivía con su progenitora”, y evaluó que “mientras estuvo la tutela de la tía, la causa fue archivada y no se pudo controlar”, insistió.

Al aludir a otro expediente del propio Lucio, el fiscal insistió en que “no se escuchó al niño, y eso era más importante por la decisión que se iba a adoptar. No se escuchó ni al padre ni a la madre en este acuerdo, lo que provocó que el niño fuera trasladado. Lucio vivía con la madre un mes antes de que se homologara el acuerdo”, sostuvo.

También reprochó que no se dio intervención al Juzgado de Familia, pese a que ya había denuncias y exposiciones que daban cuenta del conflicto entre ambas familias.

Hizo alusión a “expedientes civiles en que intervinieron las funcionarias denunciadas, que constituyen el mal desempeño de sus funciones e incumplimiento reiterado de los deberes inherentes al cargo". Precisó la acusación en el marco del artículo 21.1 22 inciso 2 y 3 de la ley 313.

"Estas omisiones deberán ser analizadas en el contexto en que se dieron cada uno de los expedientes y anteriormente al hecho de la muerte del menor”, completó.