Pañuelazo en la UNLPam para defender la ley de IVE

“En Argentina el derecho al aborto es ley: una ley de orden público y aplicación obligatoria en todo el territorio nacional, que reconoce los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes cuando se enfrentan a embarazos no intencionales y reconoce su autonomía sexual y reproductiva. Una ley que salva vidas y termina con la hipocresía del aborto clandestino. Una ley que logró bajar los índices de embarazo adolescente y de las muertes por abortos inseguros”, advirtió el Foro Pampeano por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito en un documento difundido durante el “pañuelazo” desarrollado hoy en el hall de la UNLPam.

Junto a estudiantes, referentes de sindicatos y organizaciones feministas, las integrantes del Foro celebraron así un nuevo aniversario de aquel Pañuelazo Federal que el 19 de febrero de 2018 hizo visible en todo el país la movilización de las mujeres mientras el Congreso Nacional debatía el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que finalmente resultaría sancionada y promulgada en el año 2020.

En esta ocasión, la conmemoración estuvo enfocada en repudiar la pretensión del gobierno libertario por derogar aquella norma, para lo cual ya ingresó a la Cámara de Diputados una iniciativa de la santafesina Rocío Bonacci, que además de anular la Ley 27610 propone reinstalar los artículos del Código Penal que castigan con penas de cárcel la interrupción del embarazo.

El embate de Milei.

“Siempre supimos que esta conquista sería solo un piso y que nuestra lucha seguiría por la implementación efectiva y universal de la ley”, recordaron. En el documento difundido, añadieron que “la continuidad de nuestro activismo cumple un rol central porque el derecho a decidir sobre los propios cuerpos y proyectos de vida cuestiona el único rol que este sistema tan desigual impone a mujeres y personas gestantes: la reproducción y las tareas de cuidado”.

También lamentan que actualmente “no solo debemos enfrentar las políticas sociales y económicas desplegadas por el gobierno de Javier Milei” sino también resistir “el embate del presidente contra los derechos conquistados por el movimiento feminista y transfeminista”. En ese contexto, además de repudiar “los proyectos que pretenden hacer retroceder los derechos sexuales y (no) reproductivos”, denunciaron “la política del gobierno que niega las desigualdades de género mientras fortalece a las Iglesias católicas y evangélicas, históricamente enemigas de nuestras libertades sexuales”.

También repudiaron “la constante obstaculización de nuestros derechos (no) reproductivos mediante infiltración en hospitales, escuelas y ahora en comedores populares; la tortura a niñas que transitan embarazos forzados obligándolas a gestar y parir y el encubrimiento de curas y pastores abusadores”. Y reiteraron: “Iglesia y Estado, asuntos separados”.

Hacia un 8M verde.

Finalmente, reclamaron que los estados nacional, provinciales y municipales dispongan recursos para “la difusión e implementación efectiva” de la Ley de IVE, y prometieron “seguir organizándonos junto a colectivos políticos, sociales, transfeministas, sindicales y de derechos humanos para construir un 8M Verde en defensa de todo lo conquistado y para exigir que se cumplan las leyes que protegen los derechos de las niñeces, las adolescencias, las mujeres y las disidencias sexo genéricas”.

En ese contexto, reclamaron a las centrales obreras del país que “el próximo 8 de marzo garanticen la herramienta del paro nacional para que la marea verde se manifieste de a millones en las calles de todo el país en el marco de una huelga general feminista internacionalista”.