Rechazaron recusación del juez Díaz Lacava

El juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, rechazó la recusación planteada en su contra por Pablo Díaz Lacava, el juez federal del Tribunal Oral Federal de La Pampa, imputado por el delito de maltrato laboral y violencia de género, mientras que en forma paralela avanza la acusación ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.

El 11 de abril, Díaz Lacava debía declarar ante el juez Baric, pero lo recusó, acusándolo de ser parcial por tener una relación de amistad con uno de los denunciantes y por los carteles que el gremio judicial pegó en la puerta denunciándolo de maltrato. Así, la declaración indagatoria se postergó hasta que se defina el planteo.

En la última semana Baric rechazó la recusación y el planteó llegó a la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, donde tendrán que resolver los jueces Pablo Candinano Mera, Silvia Fariña y Leandro Picado. Las opciones son dos: rechazar o aceptar la recusación.

Si los jueces rechazan, se deberá llevar a cabo la declaración indagatoria del imputado en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Santa Rosa pero si la aceptan, deberá intervenir para tomarle declaración un magistrado de Bahía Blanca. La indagatoria fue pedida por la fiscala federal de Santa Rosa, Iara Silvestre y por el fiscal general de la Cámara bahiense, Horacio Azzolin.

Actualmente, el acusado tiene una restricción de acercamiento ante los empleados del tribunal a partir de la medida cautelar vigente desde el 19 de abril del año. En sintonía, avanzan en su contra los pedidos de juicio político, que son tres y dependen del Consejo de la Magistratura de la Nación.

La acusación.

Los delitos que se le imputan a Díaz Lacava son amenazas en perjuicio de seis víctimas en un contexto de violencia, maltrato laboral, y para los casos de las mujeres, en un contexto de violencia de género; amenazas agravadas en perjuicio de dos personas por tener como propósito compeler a una persona a hacer abandono del trabajo; lesiones en la salud de cuatro trabajadores; lesiones graves en la salud de una persona por haberla inutilizado para el trabajo por más de un mes; y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por dictar órdenes contrarias a la ley, reiterados en tres ocasiones.