"Se ha creado una emergencia para justificar medidas de excepción"

Desde el Centro Pampeano de Estudios Sociales y Políticos apoyaron las declaraciones y manifestaciones de distintos sectores contra las primeras medidas del nuevo gobierno nacional que encabeza Javier Milei. Desde el espacio consideraron que "a pesar de los escasos días transcurridos desde que asumió la presidencia, constituyen un avance inaudito sobre el sistema democrático constitucional, afectan la independencia de los poderes y ponen en peligro derechos conseguidos a lo largo de muchos años".

"Para producir un cambio abrupto del ordenamiento económico y social, el nuevo gobierno ha recurrido al dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia y al envío de una Ley Omnibus a sesiones extraordinarias del Poder Legislativo, a las que acaba de convocar. En ambos casos, ha ido al límite o más allá de lo establecido en la Constitución y la jurisprudencia", advirtieron.

Desde el Centro explicaron que "desde su incorporación al texto constitucional en 1994, todos los presidentes han hecho uso de los decretos de necesidad y urgencia, que son instrumentos que les permiten legislar sobre temas puntuales en circunstancias especiales, en las que el Poder Legislativo no puede reunirse. Esto no se da en las actuales circunstancias, ya que el Presidente acaba de convocar a sesiones extraordinarias".

En esa línea, recordaron que el DNU de MIlei "declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025, el fin de las leyes de Alquileres, de Tierras y de Abastecimiento, la flexibilización del mercado laboral, y es la antesala a la privatización de empresas públicas. Entre varias reformas, en sus 366 artículos deroga o modifica 73 leyes de forma permanente, lo cual está prohibido constitucionalmente para el presidente y su gabinete".

Si bien reconocieron que en diversas gestiones se han enviado proyectos de leyes ómnibus, en el caso de Milei su iniciativa "consta de 664 artículos que reforman prácticamente todos los aspectos de la vida de los argentinos, ya que abarcan temas de la emergencia económica, fiscales, previsionales, electorales, reorganización administrativa, justicia, ambiente, turismo, deporte, salud pública, infraestructura, servicios y la criminalización de la protesta, además de avanzar en la privatización de empresas estatales, y arrasan con derechos sociales".

"Es indiscutible que la situación económica y sus derivaciones sociales en diciembre de 2023 representaban un problema que debía ser atacado en varios frentes y con un conjunto de medidas que constituyeran un plan de estabilización, pero lo que se hizo fue producir una devaluación de magnitud pocas veces vista, sin acompañarla con medidas que morigeraran su efecto sobre los sectores trabajadores. A la par se han dictado o se pretende dictar normas para desalentar las protestas, avanzando sobre derechos establecidos en la Constitución. En síntesis, no estamos ante una emergencia sino que se ha creado una emergencia para justificar medidas de excepción", advirtieron.

Legitimidad.

Desde el Centro señalaron que "el gobierno aduce que está legitimado para hacerlo por su triunfo en las pasadas elecciones". Sin embargo, remarcaron que "el 56 % obtenido en la segunda vuelta es una mayoría circunstancial, a diferencia del 54,1 % logrado por Cristina Fernández en la primera vuelta del 2011, o el 53,7 %, el 63,5 % o el 61,9 % obtenidos por Juan Domingo Perón en 1946, 1951 y 1973, respectivamente. Por eso las bancadas del partido de Milei logradas en la primera vuelta para el Congreso y el Senado son bastante reducidas y lo obligan a negociar con la oposición en el mejor sentido de la palabra, empezando por la primera minoría. En lugar de ello, el gobierno insiste en que ambas iniciativas sean aprobadas sin modificaciones".

"Lo más grave es que el proyecto de ley ómnibus solicita delegar funciones legislativas al Poder Ejecutivo Nacional en un cúmulo de temas. Esta delegación de facultades legislativas que son exclusivas del Congreso y el Senado por un período de dos años prorrogables por otros dos años, significa en la práctica la anulación del Poder Legislativo durante todo el mandato, o sea la suma del poder público, lo que está vedado por la Constitución", continuaron.

Finalmente, sostuvieron que "todo parece indicar que el sistema democrático tal como lo conocemos está en peligro. Es importante que todas las organizaciones políticas sociales, y culturales se manifiesten por la plena vigencia de la Constitución y la división de poderes, la defensa de la soberanía y das empresas públicas, la defensa de los derechos que se han ido consiguiendo (sociales, laborales, etc.), la movilidad de las jubilaciones y pensiones, y contra la entrega de nuestro patrimonio, contra la destrucción de la salud, la cultura y la educación públicas y contra la criminalización de la protesta".