Denuncia y repudio a nueva ley

No se trata de oponerse porque sí. El repudio al proyecto de modificación de la Ley de Semillas, presentado por el Instituto Nacional de Semillas para modificar la ley 20.247, es denunciado por organismos nacionales e internacionales de distinto color político y variada incidencia en el poder.

Hace unos días, la mesa de trabajo que integran trabajadores de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria que están agremiados en ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), planteó en un comunicado su repudio al proyecto presentado por el INASE de modificación de la ley 20.247, debido a que considera que "atenta contra la soberanía alimentaria de todos los pobladores de nuestro país".
Los argumentos de los trabajadores para formular este repudio son claros. El comunicado dice que este proyecto del Estado Nacional "abre puertas al cobro de cánones, patentes y regalías extendidas a todos los agricultores y población en general por el sólo uso, aprovechamiento y multiplicación de las semillas; habilitando el control de todo el proceso productivo y comercial de las semillas en beneficio de las corporaciones trasnacionales como Monsanto, Syngenta, Cargill, todas claras exponentes del modelo hegemónico transgénico y extractivista que está amenanzando la superviviencia de todos los países de Latinoamérica". Por algo se la refiere como la "ley Monsanto".
"La vida no es una mercancía", dicen los representantes de ATE y añaden: "Las semillas, la tierra y el agua, esencia de la vida campesina, son patrimonio del pueblo, no son propiedad de nadie". Para ellos, con la aprobación de este proyecto de ley, la semilla se convierte en una mercancía que "se compra, vende y que es propiedad de unas pocas empresas, "violando la soberanía de nuestro pueblo avasallando la biodiversidad, la cultura ancestral y los bienes naturales".
Porque el proyecto avanza sobre la posibilidad del agricultor a producir, conservar y reproducir su propia semilla, al tornar "ilegal cualquier práctica de libre intercambio, multiplicación y conservación de semillas propias".

Interés empresarial.
Para las empresas, la cuestión es clara: se trata de números, de pesos y de dólares. Según publicó el portal InfoCampo, "la industria semillera está en alerta: como consecuencia de la pérdida de rentabilidad del campo". "Este año -añade- los productores compraron menos semillas fiscalizadas de soja y, en cambio, se volcaron a usar más semillas propias guardadas luego de la última cosecha".
La publicación agrega que "el trasfondo es evidente: Las corporaciones del agronegocio no se conforman con la actual legislación que regula el uso de semillas transgénicas con propiedad intelectual a través del derecho del obtentor. La Ley actual permite formas de "uso propio", donde el productor tiene derecho a guardarse unas semillas para cultivar en la próxima siembra".

Audiencia pública.
Durante una audiencia pública convocada por el Bloque Unidad Popular del diputado Claudio Lozano, se reunieron representantes de tres campañas que se pronuncian activamente sobre este tema: "No a la Ley Monsanto de Semillas", "Plantáte: la vida no se negocia" y "No nos patenten la vida". Por un espacio de tres horas, varios expositores coincidieron en la necesidad de rechazar una legislación que profundizaría la privatización de las semillas.
Silvia Ferreyra (Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana), dijo que las empresas quieren aplicar el modelo de la "extensión de regalías". Esto significa que el productor estaría a obligado a pagar cada vez que utiliza las semillas que tienen una patente, por supuestas mejoras que fueron financiadas por la industria semillera.
Juan Cáceres (APPO, MAELA), señaló que luego de contaminar el agua y la tierra, "ahora nos están contaminando genéticamente. Esto significa que el maíz criollo está siendo contaminado por los cultivos transgénicos vecinos".
Damian Verceñazzi (Red Universitaria de Ambiente y Salud – Médicos de Pueblos Fumigados) consideró que preocupa esta ley porque "tiene incidencia en la vida de las personas", en nuestros "territorios biológicos" que son nuestros cuerpos. Y Gastón Mazzalay, de la Asamblea "Malvinas Lucha por la Vida", que resiste hace más de un año la instalación de una nueva planta de Monsanto en los alrededores de Córdoba, dijo: "Por un puñado de dólares que pueden conseguir ahora, se está hipotecando la alimentación de las futuras generaciones".

No coexistencia.
Otro factor puesto en consideración durante la audiencia pública realizada en el Congreso, se refirió a la imposibilidad de coexistencia entre la agricultura familiar con el agronegocio. Norma Giarraca, del Grupo de Estudios Rurales de la Universidad de Buenos Aires, señaló: "Por razones agronómicas, económicas, antropológicas, históricas, la agricultura familiar no puede coexistir con el agronegocio. El agronegocio pone en peligro al actor histórico que representa el campesinado, heredero en estas tierras de los pueblos indígenas".
Tamara Perelmuter (Patria Grande) explicó que nos rige aún la Ley de Semillas de 1973, modificada en 1991. Bajo este marco pudo prosperar el agronegocio hasta hoy. Sin embargo, "es una ley que deja algunos espacios para producir y circular semillas libres del cerco de las corporaciones", y por ello, "lo que busca la nueva ley es cerrar este cerco" para profundizar la rentabilidad de las corporaciones semilleras.
"Cuando decimos no a este ante-proyecto, estamos diciendo sí a la alimentación de los pueblos", expresó Marcos Filardi, de la cátedra de Soberanía Alimentaria (Medicina-UBA). Y recordó que la propia ONU destacó que el "derecho a la alimentación adecuada", está por encima de los derechos de propiedad intelectual. (Fuentes: comambiental.com.ar; "El
Trabajador del Estado", órgano de prensa de la Asociación Trabajadores del Estado; InfoCampo versión digital; ACTA, Agencia de Noticias CTA).

Redacción